Cajar alerta que eliminar los impuestos saludables sería un retroceso para la salud pública
Imagen: El Tiempo - Política
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo advirtió que la propuesta de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella para eliminar los impuestos saludables va en contravía de la salud pública. Para la organización, desmontar ese esquema sería un retroceso en prevención y en protección de consumidores.
La discusión sobre los impuestos saludables volvió al centro del debate político en Colombia, esta vez por cuenta de la propuesta asociada a la candidatura de Abelardo de la Espriella y comunicada por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, de eliminarlos por completo. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, rechazó la iniciativa en un comunicado y sostuvo que se trata de una medida regresiva que pone en riesgo la salud pública, justamente en un país donde el aumento de enfermedades asociadas a la mala alimentación ya representa una carga creciente para las familias y para el sistema de salud.
Según explicó la organización, retirar este tipo de impuestos debilitaría una de las pocas herramientas que el Estado ha usado para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que están vinculados con obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas. Cajar insistió en que el argumento de aliviar el bolsillo del consumidor no puede leerse aislado del costo real que ese consumo termina generando después en consultas médicas, tratamientos y pérdida de productividad. En otras palabras: lo que se deja de pagar en la caja puede terminar pagándose varias veces en el sistema de salud.
El punto de fondo es político y económico. Los llamados impuestos saludables surgieron como una respuesta de salud pública, no como una simple medida recaudatoria, y su defensa descansa en una lógica que hoy comparten numerosos expertos: encarecer productos nocivos para reducir su consumo y empujar cambios en los hábitos alimentarios. Por eso, cuando una campaña propone eliminarlos, el debate deja de ser técnico y pasa a tener implicaciones directas sobre el modelo de prevención del país. En un escenario de alta informalidad, presión fiscal y servicios de salud desbordados, desmontar esa barrera puede sonar popular en campaña, pero también puede dejar al Estado con menos instrumentos para enfrentar una epidemia silenciosa que golpea sobre todo a los hogares de menores ingresos.
La reacción de Cajar también refleja una tensión más amplia en Colombia: la distancia entre el discurso político de alivio al consumidor y la evidencia sanitaria que pide medidas de control frente a productos que deterioran la salud colectiva. Si la propuesta avanza, el país no solo estaría discutiendo un impuesto, sino el sentido mismo de la política pública frente a la alimentación y la prevención. Y ese es un debate que importa más allá de la campaña, porque afecta el plato, el bolsillo y, a la larga, la cuenta que terminamos pagando todos en el sistema de salud.
