Santa Marta queda bajo vigilancia militar tras la ola de ataques del narco
Imagen: clarin colombia
Abelardo De la Espriella ordenó el despliegue del Ejército y salió a patrullar Santa Marta tras una cadena de ataques a comercios que sembró pánico en la ciudad. La medida busca frenar la violencia narco en una de las zonas turísticas más sensibles del Caribe colombiano.
Santa Marta amaneció bajo una señal de fuerza: Abelardo De la Espriella ordenó el despliegue del Ejército y salió a patrullar la ciudad caribeña después de una seguidilla de ataques contra comercios que alteró la rutina de habitantes y visitantes. La decisión, tomada en medio de una escalada de violencia atribuida al narco, convirtió a una de las principales vitrinas turísticas del país en escenario de una respuesta militar que busca recuperar el control territorial y enviar un mensaje de autoridad en medio del miedo.
De acuerdo con lo informado por clarin colombia, la orden presidencial llegó tras varios episodios de intimidación y atentados contra negocios, hechos que encendieron las alarmas entre comerciantes, residentes y el sector turístico. En una ciudad que vive del flujo de viajeros y de la percepción de seguridad en sus playas, hoteles y corredores gastronómicos, el impacto no es solo policial: cada ataque erosiona la economía local, golpea empleos informales y debilita la confianza de quienes dependen de la temporada alta para sostener ingresos durante el año.
La militarización de Santa Marta revela algo más profundo que una reacción inmediata. En Colombia, cuando el Estado recurre al Ejército para contener la violencia urbana o periurbana, suele hacerlo en territorios donde la presencia institucional ha sido insuficiente o intermitente, y donde las bandas criminales aprovechan la disputa por rentas ilegales, extorsión y control barrial. El problema, sin embargo, no se resuelve con patrullas visibles ni con operativos de corto plazo: si no se desmantelan las estructuras financieras y logísticas que sostienen a los grupos armados, la presión puede trasladar la violencia a otros puntos de la ciudad o del Caribe colombiano. Por eso esta medida importa más allá del impacto inmediato; pone a prueba la capacidad del gobierno para recuperar seguridad sin sacrificar la normalidad que exige una ciudad turística.
Para Santa Marta, el desafío ahora es doble. Necesita frenar la ofensiva criminal y, al mismo tiempo, evitar que el despliegue militar termine confirmando la sensación de que el orden público se salió de las manos. En una economía local tan dependiente del turismo, la inseguridad no solo se mide en cifras de homicidios o extorsiones, sino en habitaciones vacías, reservas canceladas y comercios cerrados antes de tiempo. Lo que ocurra en los próximos días será clave para saber si la estrategia logra contener la crisis o si la ciudad queda atrapada entre la presión del narco y una respuesta estatal que, por sí sola, difícilmente puede ofrecer una salida duradera.
