Colombia, entre los países más peligrosos de América para ejercer el periodismo: violencia, impunidad y una deuda con la libertad de prensa

En Colombia, informar sobre lo que ocurre en una comunidad puede convertirse en una actividad de alto riesgo. Investigar hechos de violencia, documentar irregularidades o denunciar amenazas puede enfrentar a los periodistas con actores que buscan mantener determinadas realidades fuera del conocimiento público.

El problema adquiere particular gravedad en regiones donde los grupos armados ilegales, la criminalidad y las dificultades de protección institucional afectan el ejercicio de las libertades.

El balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado el 12 de diciembre de 2024, volvió a poner esta situación en el centro de la discusión internacional.

La organización registró dos periodistas asesinados en Colombia entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de ese año, mientras que México acumuló cinco casos.

Estas cifras situaron a Colombia entre los países americanos con mayor número de homicidios de periodistas documentados por RSF en el período analizado.

Sin embargo, los asesinatos representan solamente una parte de los riesgos que enfrentan los comunicadores. Las amenazas, el desplazamiento forzado, la intimidación y la autocensura también pueden restringir el derecho de los ciudadanos a recibir información.

Colombia y México: la violencia contra quienes informan

La situación de América Latina refleja las dificultades que enfrentan los periodistas en territorios donde investigar actividades criminales o abusos de poder puede provocar represalias.

México registró cinco asesinatos de periodistas en el balance de RSF de 2024, mientras Colombia contabilizó dos.

En el caso colombiano, entre los nombres que marcaron ese año aparecen Mardonio Mejía Mendoza, asesinado en San Pedro, Sucre, y Jaime Vásquez, asesinado en Cúcuta, Norte de Santander.

No todos los organismos utilizan exactamente los mismos criterios para contabilizar los homicidios de periodistas. RSF procura establecer una relación suficientemente documentada entre la muerte de un comunicador y el ejercicio de su profesión.

Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró al menos siete asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en Colombia durante 2024.

La diferencia no debe interpretarse automáticamente como un error de alguna de las organizaciones. Sus universos de registro y criterios de verificación no son idénticos.

Lo que ambas fuentes permiten observar es la persistencia de un problema que afecta directamente al ejercicio de la libertad de prensa.

Mardonio Mejía Mendoza: un periodista asesinado en Sucre

El 24 de enero de 2024, Mardonio de Jesús Mejía Mendoza fue atacado con arma de fuego en el municipio de San Pedro, departamento de Sucre.

Mejía dirigía la emisora comunitaria Sonora Estéreo y conducía el programa Amanecer Campesino, un espacio dedicado a informar sobre asuntos de interés local, entre ellos seguridad, política y actividades rurales.

Su trabajo le permitía mantener una relación cercana con las preocupaciones de la comunidad.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el agresor ingresó, acompañado de otra persona, al inmueble donde se encontraba el periodista y le disparó cuando estaba de espaldas.

La investigación incorporó grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios utilizados para reconstruir los movimientos de los responsables antes y después del ataque.

El crimen despertó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Además de la pérdida de una vida, el asesinato significó la desaparición de una voz informativa relevante para un municipio donde los medios comunitarios cumplen una función cercana a la ciudadanía.

Jaime Vásquez: otro asesinato que marcó el año

El 14 de abril de 2024 fue asesinado en Cúcuta Jaime Vásquez, conocido por sus investigaciones y denuncias públicas sobre asuntos políticos y presuntas irregularidades en Norte de Santander.

Su muerte también generó rechazo y preocupación entre periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión.

El caso expuso nuevamente los riesgos que pueden enfrentar los comunicadores que investigan asuntos sensibles en el ámbito regional.

La protección del periodismo local tiene una importancia particular porque sus investigaciones suelen abordar hechos cercanos a las comunidades: contratación pública, seguridad, conflictos territoriales y actuaciones de autoridades locales.

Cuando desaparece una voz informativa de ese tipo, puede debilitarse la capacidad de vigilancia ciudadana sobre asuntos que afectan directamente a la población.

Cada asesinato debe investigarse de manera independiente, con pruebas que permitan determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.

Grupos armados y territorios donde informar implica riesgos

La presencia de grupos armados ilegales representa una preocupación persistente para el periodismo colombiano.

En determinadas regiones, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas pueden generar amenazas contra quienes documentan actividades criminales, desplazamientos, violencia y posibles relaciones entre actores armados y estructuras de poder.

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han advertido sobre las dificultades que enfrentan especialmente los periodistas locales.

Entre los riesgos se encuentran las intimidaciones, la presión para dejar de publicar determinados asuntos y la necesidad de abandonar temporal o definitivamente el lugar donde trabajan.

Sin embargo, no todos los ataques contra periodistas pueden atribuirse automáticamente a organizaciones armadas ilegales.

También existen otras posibles fuentes de presión y violencia, y cada hecho exige establecer responsabilidades con evidencia.

La protección efectiva necesita partir de esa realidad: identificar los riesgos concretos de cada territorio, investigar las amenazas y actuar antes de que se conviertan en agresiones irreparables.

La crisis mundial: 54 periodistas asesinados en 2024

El balance de RSF permite dimensionar que la violencia contra la prensa no es un fenómeno exclusivo de Colombia.

Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2024, la organización contabilizó 54 periodistas asesinados en el mundo por motivos relacionados con su trabajo.

De ellos, 31 murieron en zonas de conflicto.

La Franja de Gaza concentró una parte especialmente grave de las muertes documentadas, en medio de la guerra iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí.

La organización también alertó sobre el encarcelamiento de periodistas, las situaciones de secuestro y las desapariciones.

Las cifras reflejan diferentes formas de violencia y represión, desde agresiones letales hasta privaciones de libertad que impiden continuar el trabajo informativo.

Periodistas encarcelados, secuestrados y desaparecidos

El informe de RSF registró 550 periodistas encarcelados en el mundo al 1 de diciembre de 2024.

China figuraba con 124 casos; Birmania, con 61; e Israel, con 41.

Estas cantidades corresponden a personas encarceladas, no secuestradas.

El mismo balance identificó 55 periodistas retenidos como rehenes, de los cuales dos habían sido capturados durante 2024.

También registró 95 periodistas desaparecidos, distribuidos en diferentes regiones del mundo.

Estas categorías deben distinguirse porque representan situaciones jurídicas y humanitarias diferentes.

Un periodista encarcelado puede estar privado de libertad por una decisión estatal. Una persona secuestrada se encuentra bajo el control de actores no estatales que utilizan su retención como forma de presión. La desaparición implica que se desconoce suficientemente el paradero o la suerte de la víctima.

Aunque las circunstancias sean distintas, todas estas situaciones pueden impedir que información relevante llegue a la sociedad.

La impunidad: cuando el crimen permanece sin esclarecer

La violencia contra periodistas exige respuestas judiciales capaces de determinar no solamente quién ejecutó una agresión, sino también si existieron personas que la ordenaron o facilitaron.

Esa obligación adquiere especial importancia en los homicidios relacionados con investigaciones periodísticas.

La identificación del autor material puede resultar insuficiente cuando existen indicios de una posible planificación por terceros.

Investigar el contexto profesional de la víctima, sus publicaciones recientes, las amenazas recibidas y los conflictos relacionados con su trabajo permite examinar hipótesis sobre la motivación de un crimen.

No significa asumir de antemano que cualquier persona mencionada en sus investigaciones es responsable.

Significa que las autoridades deben considerar seriamente la actividad informativa como una posible línea de investigación.

Cuando esa dimensión se omite, existe el riesgo de resolver parcialmente un expediente sin comprender por qué ocurrió el ataque.

La autocensura: una consecuencia difícil de medir

Los asesinatos pueden contabilizarse.

El silencio provocado por el miedo resulta mucho más difícil de medir.

Un periodista que deja de investigar determinadas actividades por amenazas puede no aparecer en las estadísticas de homicidios.

Tampoco quien decide retirar una publicación para proteger a su familia o quien abandona su municipio después de recibir intimidaciones.

Sin embargo, estas decisiones pueden afectar profundamente el acceso de las comunidades a información relevante.

La autocensura producida por la violencia representa una forma de pérdida colectiva.

Cuando una investigación no se realiza, pueden quedar sin respuesta preguntas sobre corrupción, seguridad, derechos humanos o gestión de recursos públicos.

Por eso, los mecanismos de protección no deberían limitarse a reaccionar después de una agresión.

También deben atender las amenazas y las condiciones que impiden investigar libremente.

Proteger a los periodistas también significa proteger a sus comunidades

El periodismo tiene una función social que trasciende a quienes ejercen la profesión.

Permite conocer actuaciones de los gobiernos, investigar hechos de interés público y ofrecer elementos para que los ciudadanos formen sus propios criterios.

En los municipios donde existen pocos medios de comunicación, esa función puede adquirir una importancia todavía mayor.

La protección de los periodistas locales requiere medidas adecuadas a sus circunstancias, acompañamiento institucional y procedimientos eficaces para denunciar amenazas.

También exige que las investigaciones judiciales avancen con independencia y que las autoridades expliquen sus resultados.

Los organismos internacionales han insistido en que la violencia contra la prensa afecta el derecho colectivo a recibir información.

Cada agresión dirigida a impedir una publicación constituye, por tanto, una preocupación que va más allá de la víctima directa.

Colombia necesita mecanismos de protección que respondan oportunamente, investigaciones que consideren la actividad periodística de las víctimas y condiciones que permitan a los comunicadores desarrollar su labor sin intimidaciones.

La libertad de prensa no puede depender de la disposición individual de un periodista a asumir riesgos extraordinarios.

Y cuando un periodista es silenciado por la violencia, el daño no termina en su historia personal.