Colombia pierde competitividad por seguridad y corrupción, alerta el IMD
Imagen: infobae colombia
Colombia está perdiendo terreno en la pelea por atraer inversión y sostener su crecimiento. Un nuevo diagnóstico del IMD apunta a la seguridad, la corrupción y las fallas regulatorias como frenos cada vez más costosos para la economía.
Colombia vuelve a aparecer en el radar internacional por una razón incómoda: está cediendo competitividad frente a otras economías del mundo. De acuerdo con el IMD, el problema no es coyuntural ni se explica solo por el ciclo económico; detrás del deterioro hay debilidades persistentes en la seguridad, la corrupción y la forma en que el Estado regula y gestiona lo público. En otras palabras, el país no está perdiendo solo por falta de crecimiento, sino por un entorno que se vuelve cada vez más costoso e incierto para producir, invertir y hacer negocios.
El diagnóstico del instituto internacional apunta a una brecha que se ensancha con los países más avanzados. La gestión pública presenta fallas estructurales que terminan golpeando la confianza de empresarios, inversionistas y ciudadanos. Cuando la corrupción erosiona la toma de decisiones y la seguridad deja de ser una garantía mínima, el resultado es previsible: se encarecen los proyectos, se ralentizan las inversiones y se debilita la capacidad del Estado para convertir recursos en resultados. A eso se suman las trabas regulatorias, que en muchos sectores no solo generan incertidumbre, sino también sobrecostos y demoras que afectan desde grandes compañías hasta pequeños emprendedores.
Lo relevante de este informe es que confirma una realidad que Colombia arrastra desde hace años, pero que no logra corregir con suficiente profundidad. La competitividad internacional no depende únicamente de tener buenos indicadores macroeconómicos o una moneda relativamente estable; también exige instituciones confiables, reglas claras y seguridad jurídica. Si cualquiera de esos pilares se fractura, la economía pierde velocidad. Y cuando el país queda rezagado en estos frentes, el impacto termina filtrándose a la vida diaria: menos inversión significa menos empleo de calidad, menos expansión empresarial y menos capacidad del Estado para financiar servicios públicos que sí le cambian la vida a la gente.
El trasfondo del mensaje del IMD es claro y no conviene subestimarlo: Colombia no compite solo con sus vecinos, sino con economías que han entendido que la confianza vale tanto como la infraestructura o la política fiscal. Si la corrupción sigue minando la administración pública y la seguridad continúa deteriorándose, el país seguirá pagando una prima de riesgo invisible pero muy real. Esa factura la termina asumiendo el sector productivo, los hogares y una sociedad que ve cómo su potencial se queda, una vez más, a mitad de camino.
