Loretta Ortiz vuelve a tropiezar: la Corte la corrige por su visión de los hoteles all inclusive
Imagen: infobae
La ministra Loretta Ortiz volvió a quedar en el centro de la polémica tras una intervención en la Suprema Corte sobre el acceso en zonas costeras y los hoteles all inclusive. Su comentario fue corregido en plena sesión y reavivó el debate sobre la precisión con la que el máximo tribunal aborda problemas cotidianos.
La ministra Loretta Ortiz volvió a quedar expuesta en una sesión de la Suprema Corte después de mezclar el debate sobre el acceso en zonas costeras con el funcionamiento de los hoteles all inclusive. Según informó infobae, la jueza sostuvo que en algunas áreas costeras se impide el paso a nacionales por ese tipo de paquetes turísticos, una observación que fue corregida de inmediato dentro del propio intercambio y que volvió a encender las críticas sobre sus intervenciones públicas.
El punto no es menor porque el comentario tocó un tema sensible en México: la relación entre turismo, acceso a la playa y uso de espacios que, en teoría, son públicos. La idea de que un paquete hotelero determine quién puede pasar o no por una franja costera confundió dos planos distintos: por un lado, el modelo comercial de un resort que ofrece alimentos, bebidas y servicios dentro de sus instalaciones; por el otro, el derecho de tránsito y acceso en zonas donde la ley reconoce el carácter público de las playas. En la sesión, esa confusión quedó en evidencia y abrió espacio para que la propia Corte —o al menos sus integrantes— matizara la lectura planteada por Ortiz.
El episodio importa porque no se trata solo de una equivocación técnica, sino de una señal sobre la calidad del debate en una institución que debería hablar con precisión quirúrgica. En México, como en buena parte de América Latina, el acceso a la costa ha sido históricamente un punto de fricción entre comunidades, desarrolladores turísticos y autoridades. Hay hoteles y complejos que, sin cerrar formalmente el paso a la playa, levantan barreras físicas, controles de seguridad o diseños urbanos que terminan desalentando la entrada de los habitantes locales. Ese es un problema real. Pero una ministra de la Corte no puede permitirse confundir esa tensión con una supuesta prohibición a los nacionales derivada de un paquete turístico. Cuando eso ocurre, el mensaje que queda es el de una autoridad que no termina de distinguir entre percepción, anécdota y marco jurídico.
Más allá del tropiezo puntual, la escena deja una lectura más amplia sobre la distancia entre el poder judicial y la calle. Para quienes viven en zonas turísticas, trabajan en hoteles o intentan llegar a una playa sin obstáculos, la discusión no es semántica: se trata de saber si el espacio costero será realmente accesible o si quedará capturado por intereses privados. Por eso cada intervención de la Suprema Corte tiene peso político y social. Si la discusión se sostiene sobre errores de interpretación, el daño no es solo reputacional; también debilita la confianza en decisiones que pueden impactar directamente a comunidades costeras, visitantes y trabajadores que dependen del turismo para sostener su economía.
