2.450 procesos congelados: la Comisión de Acusaciones se queda sin recursos
Imagen: El Tiempo - Política
La Comisión de Acusaciones de la Cámara encendió las alarmas: 2.450 procesos siguen frenados por falta de recursos y ni siquiera ha podido arrancar su trabajo. El presidente del organismo, Carlos Cuenca, asegura que la ausencia de giros del Gobierno mantiene congeladas investigaciones sensibles, incluso las relacionadas con mandatarios.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara llegó al nuevo periodo con una advertencia incómoda para el Gobierno: 2.450 procesos siguen estancados porque no hay plata para poner a andar la maquinaria investigativa. Según informó El Tiempo - Política, el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, dijo que el organismo no ha podido iniciar labores porque los giros presupuestales no han llegado desde el Ejecutivo, una situación que en la práctica deja en pausa un volumen considerable de expedientes, varios de ellos de alta sensibilidad política.
El dato no es menor. La Comisión de Acusaciones es, en teoría, la instancia encargada de investigar a presidentes y altos funcionarios aforados, un terreno donde cada demora tiene consecuencias institucionales. Si el órgano no cuenta con recursos mínimos para operar, el mensaje que queda es preocupante: una entidad creada para ejercer control sobre el poder termina dependiendo de la voluntad administrativa del mismo poder que debe vigilar. Cuenca, de acuerdo con la información publicada por El Tiempo - Política, advirtió que sin transferencias no pueden arrancar labores básicas, lo que compromete no solo la tramitación de nuevas denuncias, sino también el avance de expedientes acumulados desde hace años.
El problema va más allá de una discusión contable. En Colombia, las investigaciones contra mandatarios suelen chocar con dos obstáculos repetidos: la complejidad jurídica y la lentitud institucional. Cuando además aparece el factor presupuestal, la parálisis se profundiza. Para el ciudadano común, esto significa que casos que podrían aclarar posibles responsabilidades políticas o penales quedan atrapados en un limbo burocrático. Y para el país, el costo es doble: se erosiona la confianza en los mecanismos de control y se alimenta la idea de que los procesos contra quienes ejercen el poder avanzan solo cuando conviene políticamente.
La denuncia de Cuenca debería leerse como una señal de fondo sobre el estado del control disciplinario y político en Colombia. Si una comisión con la misión de examinar las conductas de los más altos funcionarios no puede operar por falta de recursos, el debate ya no es solo presupuestal, sino democrático. En un país donde la rendición de cuentas suele llegar tarde o incompleta, cada mes de inactividad representa una ventaja para la impunidad y una desventaja para cualquier intento serio de escrutinio institucional.
