Tres menores muertos en Guaviare reabren la alarma por 107 víctimas en tres gobiernos

La muerte de tres menores de edad durante una operación militar del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, no solo volvió a encender el debate sobre el uso de la fuerza en zonas de guerra interna: también elevó a 107 el número de niños, niñas y adolescentes muertos en operaciones de este tipo durante los últimos tres gobiernos, según el balance divulgado por infobae colombia. El dato abarca las administraciones de Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, y deja al descubierto una constante incómoda para el Estado colombiano: la presencia de menores en medio de estructuras armadas ilegales y el costo letal de las operaciones orientadas a desarticularlas.

El episodio más reciente ocurrió en una acción militar dirigida contra disidencias armadas que operan en el Guaviare, una de las regiones más complejas del país por la disputa territorial, el reclutamiento forzado y la débil capacidad institucional del Estado. De acuerdo con la información conocida, entre las víctimas hubo tres menores, un hecho que volvió a provocar preguntas inevitables sobre inteligencia militar, protocolos de protección de menores y responsabilidad estatal en escenarios donde los combatientes ilegales mezclan deliberadamente a adultos armados con población reclutada a la fuerza. No es la primera vez que una operación contra grupos residuales termina con menores muertos, y esa repetición es precisamente lo que vuelve más grave el balance acumulado.

El dato de 107 menores muertos en tres gobiernos importa porque revela un patrón que trasciende a una sola administración y golpea el corazón del discurso de seguridad en Colombia. Cada gobierno ha intentado justificar estas acciones en nombre de la recuperación territorial y la presión sobre las disidencias, pero el resultado muestra una tragedia persistente: niños y adolescentes siguen apareciendo en escenarios que deberían estar blindados por el derecho internacional humanitario. En términos políticos, esto erosiona la legitimidad de la estrategia militar; en términos sociales, profundiza la desconfianza de comunidades rurales que viven atrapadas entre los grupos armados y las operaciones del Estado. Y en términos humanitarios, confirma que la guerra colombiana sigue reclutando víctimas que no empuñaron un arma por voluntad propia.

La discusión que deja este caso no puede reducirse a si hubo o no un éxito operativo. El punto de fondo es otro: mientras las disidencias continúen utilizando menores como escudos, mensajeros o combatientes forzados, y mientras el Estado siga enfrentándolas en territorios donde la inteligencia es imperfecta y la presencia institucional es mínima, la posibilidad de nuevas muertes seguirá latente. Por eso este episodio en Guaviare no debería leerse como una anécdota aislada, sino como un síntoma de una guerra prolongada en la que Colombia todavía no ha resuelto cómo proteger a sus niños sin renunciar a enfrentar a los armados.