Deuda de las EPS llega a $58,06 billones y UNIPS alerta por golpe a hospitales
Imagen: infobae
La deuda de las EPS ya alcanzó $58,06 billones en 2025 y, según UNIPS, el sistema camina hacia un choque de liquidez que puede afectar pagos, entrega de medicamentos y operación hospitalaria. El gremio pide al Gobierno medidas urgentes para evitar que la crisis financiera termine golpeando al paciente.
La red de clínicas y hospitales en Colombia entra en una zona de riesgo cada vez más seria. UNIPS, el gremio que agrupa a prestadores de servicios de salud, encendió las alarmas al advertir que la deuda acumulada de las EPS llegó a $58,06 billones en 2025, una cifra que compromete la sostenibilidad de hospitales, clínicas e IPS y que ya empieza a sentirse en la atención cotidiana de los pacientes. El mensaje del sector es claro: sin recursos frescos y sin una salida estructural, el sistema puede seguir deteriorándose por dentro mientras el debate público se concentra en reformas y diagnósticos que no resuelven la caja del día a día.
De acuerdo con la alerta divulgada por el gremio, el problema no se limita a una contabilidad en rojo. El atraso en los pagos está presionando la capacidad de las instituciones para cumplir con nóminas, comprar insumos, sostener contratos con proveedores y garantizar la entrega oportuna de medicamentos. En la práctica, eso se traduce en demoras, restricciones y sobrecarga para centros asistenciales que ya operan al límite. UNIPS pidió medidas urgentes para asegurar el flujo de recursos hacia clínicas e IPS, porque, según su lectura, el sistema está dejando de financiar la atención y empezando a financiar la crisis.
La cifra es especialmente preocupante porque confirma una tendencia que viene golpeando al sector desde hace varios años: el desajuste entre lo que las EPS deben reconocer y la capacidad real de pago del sistema. Cuando la deuda crece a ese nivel, el efecto dominó alcanza a todos los eslabones. Primero se resienten los prestadores; luego aparecen las tensiones con proveedores y farmacéuticas; y finalmente el impacto recae sobre el usuario, que enfrenta autorizaciones más lentas, menos disponibilidad de tratamientos y una red hospitalaria con menor margen para responder. En un país donde la salud depende en gran medida del equilibrio financiero entre aseguramiento y prestación, una deuda de esta magnitud no es un dato técnico: es una amenaza directa a la continuidad del servicio.
El pronunciamiento de UNIPS también deja en evidencia el punto más sensible de la discusión sanitaria en Colombia: la distancia entre la disputa política por el modelo y la urgencia operativa de quienes sostienen la atención todos los días. Mientras el Gobierno insiste en redefinir la arquitectura del sistema, hospitales y clínicas siguen pidiendo algo más básico y urgente: que les paguen lo que ya prestaron. Ese desfase explica por qué la crisis de las EPS no es solo un problema de intermediación financiera, sino una bomba de tiempo para la red hospitalaria y para millones de usuarios que dependen de ella. Si no hay una respuesta rápida, el costo no se medirá únicamente en balances, sino en servicios suspendidos, tratamientos interrumpidos y una presión cada vez mayor sobre un sistema que ya trabaja al borde de su capacidad.
