512 firmantes de paz han sido asesinados y la reincorporación sigue bajo fuego en Colombia
Imagen: infobae colombia
Desde la firma del Acuerdo de Paz, 512 excombatientes han sido asesinados, mientras 42 siguen desaparecidos y más de 500 han tenido que desplazarse por amenazas. La cifra revela que la reincorporación en Colombia continúa marcada por la violencia y la desprotección.
La violencia contra los firmantes del Acuerdo de Paz en Colombia sigue siendo una herida abierta y, lejos de cerrarse, se agrava con el paso de los años. Según reportó el Consejo Nacional de Reincorporación, 512 personas en proceso de reincorporación han sido asesinadas desde la firma del acuerdo, una cifra que desnuda el tamaño del riesgo al que siguen expuestos quienes dejaron las armas y apostaron por la ruta civil. A ese balance se suman 42 desapariciones y más de 500 desplazamientos forzados provocados por amenazas, un panorama que confirma que la promesa de protección estatal no ha alcanzado a cientos de excombatientes.
El dato no solo es impactante por su magnitud, sino por lo que revela sobre la fragilidad de la implementación del acuerdo en los territorios. De acuerdo con lo informado por infobae colombia, el Consejo Nacional de Reincorporación insistió en que la reincorporación no puede medirse únicamente en términos jurídicos o administrativos, sino en condiciones reales de seguridad, acceso a proyectos productivos y presencia institucional en las regiones donde la violencia armada sigue disputando control. En la práctica, muchos firmantes han quedado atrapados entre economías ilegales, grupos armados residuales y una respuesta estatal que llega tarde o nunca.
El problema importa porque la reincorporación era, y sigue siendo, una de las pruebas más concretas de la viabilidad del Acuerdo de Paz. Si quienes dejaron la guerra continúan siendo asesinados, desaparecidos o forzados a huir, el mensaje que recibe el resto del país es devastador: desmovilizarse sigue siendo un acto de altísimo riesgo. Eso no solo erosiona la confianza en el proceso de paz, también alimenta nuevos ciclos de reclutamiento y violencia en zonas donde la ausencia del Estado deja espacio para que otros actores armados impongan su ley. En términos políticos, cada ataque contra un firmante debilita la legitimidad del acuerdo y expone la deuda histórica del Estado con la seguridad territorial.
Más allá de las cifras, hay una realidad humana que no puede perderse de vista: detrás de cada asesinato hay una familia fracturada, detrás de cada desaparición una búsqueda incierta, y detrás de cada desplazamiento un proyecto de vida truncado. Colombia carga todavía con el reto de convertir la firma del acuerdo en una política efectiva de protección y reincorporación. Si eso no ocurre, la paz seguirá siendo para muchos una promesa incompleta, escrita en los documentos pero ausente en el territorio.
