Concejal de Cúcuta admitió agresión a trabajador y pidió disculpas
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El concejal de Cúcuta, Carlos Dueñas, admitió haber insultado y empujado a un trabajador de supermercado tras la difusión de un video que desató rechazo en redes. El episodio abrió un nuevo debate sobre los límites del comportamiento de los funcionarios públicos y la tolerancia a los abusos de poder.
El concejal de Cúcuta Carlos Dueñas quedó en el centro de la controversia después de que se viralizara un video en el que aparece agrediendo verbalmente y empujando a un trabajador de supermercado. Tras la presión pública, el funcionario reconoció lo ocurrido y salió a pedir disculpas, admitiendo que su conducta no tiene justificación.
Según informó El Tiempo (Colombia), el hecho se conoció luego de que las imágenes del altercado circularan ampliamente en redes sociales, donde usuarios cuestionaron no solo la agresión, sino también la actitud de un servidor público frente a un empleado en una situación laboral de evidente desventaja. Dueñas aceptó que insultó al joven y que además lo empujó, en un gesto que terminó por agravar el costo político del episodio.
Más allá del incidente puntual, el caso toca una fibra sensible en Colombia: la relación entre poder y trato digno. Cuando un concejal protagoniza una escena de este tipo, el problema no es solo el exceso individual, sino el mensaje que deja sobre la forma en que algunos funcionarios entienden su cargo. En una ciudad como Cúcuta, marcada por tensiones sociales, presión económica y desconfianza ciudadana hacia la clase política, una agresión de este tipo alimenta la sensación de impunidad y distancia entre representantes y ciudadanos.
El episodio también evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un mecanismo inmediato de control público. Lo que antes podía quedar reducido a una discusión privada, hoy se convierte en un escrutinio masivo capaz de forzar explicaciones y disculpas. Pero la reacción posterior no borra la gravedad de la escena: un funcionario electo perdió el control frente a un trabajador y terminó exponiendo, una vez más, la urgencia de exigir estándares mínimos de comportamiento a quienes ocupan cargos de representación pública. Para la ciudadanía, este no es un detalle menor; es una prueba más de que la ética en el servicio público no puede depender de una disculpa improvisada después del escándalo.
