Congresistas de EE.UU. piden no legitimar el giro autoritario de Ortega en Nicaragua
Imagen: infobae
Dos congresistas estadounidenses pidieron a la comunidad internacional no avalar las reformas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras el anuncio que abre la puerta a eliminar las elecciones en Nicaragua. El llamado eleva la presión sobre Managua en un momento de creciente aislamiento político.
Los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar lanzaron un mensaje directo a la comunidad internacional: no debe legitimar las reformas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que según la denuncia abren la puerta a eliminar las elecciones en Nicaragua. La advertencia coloca otra vez al gobierno sandinista en el centro de la crítica hemisférica por el avance de un modelo político cada vez más cerrado y menos tolerante con la alternancia democrática.
De acuerdo con lo informado por infobae, ambos legisladores republicanos —de fuerte influencia en la política hacia América Latina y especialmente sensibles a la crisis nicaragüense— instaron a no convalidar cambios que, en la práctica, profundizarían la concentración del poder en manos del Ejecutivo. Su pronunciamiento se suma a una larga cadena de denuncias sobre el deterioro institucional en Nicaragua, donde el oficialismo ha desmontado contrapesos, ha perseguido a opositores y ha reducido el espacio para la competencia electoral real.
Lo que está en juego va mucho más allá de una disputa parlamentaria o de un trámite constitucional. Si un gobierno elimina las elecciones o vacía de contenido su celebración, lo que sigue no es una simple reforma política sino una ruptura frontal con los estándares democráticos básicos. Por eso el mensaje de Díaz-Balart y Salazar busca también presionar a gobiernos, organismos multilaterales y socios comerciales para que no traten a Managua como si siguiera operando dentro de una normalidad institucional. En la práctica, esa actitud de la comunidad internacional puede traducirse en sanciones, aislamiento diplomático o, por el contrario, en una peligrosa normalización del autoritarismo.
Para Nicaragua, y para la región, el punto es más profundo de lo que parece. Cuando un régimen intenta vaciar las elecciones de contenido, la consecuencia no se limita al juego político de las élites: golpea el derecho ciudadano a elegir, a disentir y a organizarse sin miedo. El caso nicaragüense vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para América Latina y Estados Unidos: hasta dónde se está dispuesto a tolerar la erosión democrática antes de llamar las cosas por su nombre.
