Fallo favorece a Petro en pulso con la CRC por presunto desacato
Imagen: infobae colombia
Un juez le dio la razón a Gustavo Petro en el pulso jurídico contra la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que lo había señalado por presunto desacato. La decisión concluyó que no quedó probada una orden concreta incumplida en su alocución del 27 de abril de 2026.
Un juez le dio un revés a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y favoreció al presidente Gustavo Petro en el expediente por presunto desacato, tras concluir que la entidad no acreditó la existencia de una orden específica que el mandatario hubiera desobedecido en su alocución del 27 de abril de 2026. La decisión fue divulgada por el abogado del jefe de Estado, Alejandro Carranza, y se convierte en un nuevo capítulo de la tensión entre la Presidencia y los organismos que vigilan el uso de los medios y la comunicación oficial.
De acuerdo con la información conocida, el centro del debate no fue únicamente el contenido del mensaje presidencial, sino la capacidad de la CRC para demostrar que había una instrucción clara, precisa y obligatoria que Petro hubiera incumplido. Ese detalle jurídico es clave: sin una orden concreta, el señalamiento de desacato pierde sustento. En la práctica, el fallo deja a la Comisión sin el soporte necesario para sostener que el mandatario incurrió en una falta por la intervención mencionada, algo que fue leído por la defensa presidencial como una reivindicación de su posición.
Este episodio importa más allá del choque puntual entre Petro y la CRC porque vuelve a poner sobre la mesa la frontera entre el control institucional de la comunicación pública y la libertad del presidente para usar la alocución como herramienta política. En Colombia, cada pronunciamiento del jefe de Estado tiene efectos inmediatos sobre la agenda pública, pero también despierta escrutinio cuando se percibe que cruza límites regulatorios o institucionales. Por eso, el fallo no solo tiene un efecto jurídico, sino también político: le quita presión a la Casa de Nariño en un momento en que el Gobierno sigue enfrentando pulsos con distintas autoridades de control y regulación.
Para la opinión pública, el caso deja una lección incómoda pero necesaria: en disputas de este tipo, no basta con la indignación ni con la sospecha, sino que se requiere precisión jurídica. Si la CRC pretendía avanzar con una acusación de desacato, debía demostrar de forma inequívoca cuál era la orden incumplida y cómo se produjo esa desobediencia. Al no lograrlo, el proceso se cayó en su punto más sensible. En adelante, la discusión seguramente seguirá en el terreno político, donde Petro suele convertir este tipo de choques en una narrativa de confrontación con los órganos de control, mientras sus críticos ven en estos fallos una nueva muestra de los límites que enfrenta el Estado cuando intenta contener al poder presidencial.
