Rocío Gómez: la familia pide investigar a quienes debían controlar al agresor
Imagen: infobae
La familia de Rocío Gómez exige que se investigue a los funcionarios y equipos que debían controlar a Maximiliano Braudaco, el hombre que incumplía medidas judiciales antes del crimen. El caso vuelve a exponer las fallas del sistema de supervisión en causas de violencia de género.
La familia de Rocío Gómez salió a reclamar que no solo se juzgue al agresor, sino también a quienes tenían la obligación de vigilarlo. La querella sostiene que el femicidio de la joven pudo haberse evitado si se hubieran controlado de verdad las restricciones que pesaban sobre Maximiliano Braudaco, quien cumplía una condena condicional con prohibición de acercamiento, tratamiento psicológico obligatorio y la orden expresa de no consumir alcohol ni drogas.
Según informó Infobae, la estrategia judicial de la familia apunta ahora a abrir una segunda línea de investigación para determinar si hubo negligencia, desidia o fallas institucionales en el seguimiento de esas medidas. La discusión no es menor: en este tipo de causas, las restricciones no alcanzan por sí solas si el Estado no las monitorea con herramientas reales, alertas tempranas y respuestas rápidas ante el incumplimiento. Cuando eso no ocurre, las órdenes judiciales terminan convertidas en papel sin efecto práctico.
El caso de Rocío Gómez se inscribe en un problema estructural que atraviesa a la Argentina y también a otros países de la región: el hiato entre la decisión judicial y la protección efectiva de la víctima. Las medidas cautelares, las perimetrales y los tratamientos obligatorios suelen aparecer como respuesta institucional después de una denuncia o una condena, pero su eficacia depende de controles concretos. En la práctica, muchas veces recaen sobre sistemas saturados, con poca coordinación entre juzgados, fuerzas de seguridad y equipos técnicos. Por eso la pregunta que deja este caso es incómoda pero inevitable: ¿quién verifica que el agresor realmente cumpla?
La pelea de la familia no busca solo una condena ejemplar. Busca también que el expediente deje de mirar únicamente el acto final y revise la cadena completa de responsabilidades que permitió que Braudaco siguiera representando un riesgo. Ese giro es clave porque puede marcar jurisprudencia y, sobre todo, instalar una discusión que suele llegar tarde: la prevención en violencia de género no se agota en dictar restricciones, sino en hacerlas cumplir. Para las familias de las víctimas, esa diferencia entre norma y control es, muchas veces, la diferencia entre una vida que se protege y una tragedia que se consume a la vista de todos.
