Congreso y Alcaldía de Santa Marta respaldan militarización por paro armado
Imagen: El Tiempo - Política
El Congreso y la Alcaldía de Santa Marta respaldaron la militarización anunciada por el presidente De La Espriella para responder al paro armado que golpea la región. El apoyo político llega mientras crece la presión por recuperar el control territorial y proteger a la población civil.
La respuesta institucional al paro armado en Santa Marta tomó fuerza este lunes con el respaldo del presidente del Senado, Honorio Henríquez, y del alcalde Carlos Pinedo a la militarización anunciada por el presidente De La Espriella. La decisión, presentada como una medida de choque para contener la amenaza armada en el Caribe colombiano, marca un giro hacia una estrategia de mayor presencia de fuerza pública en una zona donde la violencia ha vuelto a imponerse sobre la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Según informó El Tiempo - Política, tanto Henríquez como Pinedo apoyaron la determinación del Ejecutivo, en un momento en que la capital del Magdalena y sus alrededores enfrentan una tensión creciente por cuenta del paro armado. El respaldo no es menor: por un lado, el Congreso cierra filas con la Casa de Nariño en una señal de gobernabilidad frente a la emergencia; por el otro, la Alcaldía local asume que el debilitamiento del orden público exige una respuesta inmediata, incluso si esa respuesta supone una mayor presencia militar en las calles y corredores estratégicos.
Más allá del pronunciamiento político, el trasfondo es más complejo. La militarización puede ofrecer una sensación de control en el corto plazo, pero no resuelve por sí sola el problema estructural que alimenta este tipo de paros: la disputa territorial de grupos armados, la intimidación sobre la población civil y la fragilidad de la institucionalidad en zonas donde el Estado aparece solo cuando la crisis ya estalló. Para la gente de a pie, esto se traduce en restricciones de movilidad, afectación al comercio, suspensión de actividades y un miedo que termina imponiéndose sobre la rutina. En ciudades como Santa Marta, donde el turismo y la economía local dependen de la percepción de seguridad, cada episodio de este tipo deja una factura social y económica que tarda mucho más en repararse que el despliegue de tropas.
El apoyo de Henríquez y Pinedo también revela una constante en la política colombiana: ante crisis de orden público, la discusión suele girar de inmediato hacia el uso de la fuerza, mientras las soluciones de fondo —inteligencia, judicialización, inversión social y control territorial sostenido— quedan relegadas a un segundo plano. La militarización puede ganar tiempo, pero el verdadero examen será si el Estado logra convertir esa presencia en una recuperación real del territorio o si, como ha ocurrido tantas veces, la medida termina siendo apenas una reacción visible frente a un problema que sigue vivo bajo la superficie.
