Asesinan a candidata en campaña y Perú vuelve a enfrentar la violencia política
Imagen: clarin colombia
El asesinato a tiros de Susy Aponte Polo durante un acto de campaña sacude la política regional peruana y expone, otra vez, la vulnerabilidad de quienes compiten por cargos públicos. La candidata a la gobernación de Áncash había denunciado amenazas horas antes del ataque.
El asesinato de Susy Aponte Polo durante un acto de campaña en Áncash volvió a poner en primer plano una realidad incómoda para Perú: la violencia política no es una amenaza abstracta, sino un riesgo que puede llegar hasta la tarima electoral. La candidata a la gobernación regional fue atacada a tiros en una jornada proselitista en esta región del norte de Lima, en un hecho que ha causado conmoción y ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los aspirantes a cargos públicos en zonas donde el poder territorial se disputa entre campañas, intereses locales y redes criminales.
Según informó clarin colombia, Aponte Polo había advertido horas antes que estaba recibiendo amenazas, un dato que vuelve todavía más grave lo ocurrido y plantea preguntas urgentes sobre la respuesta de las autoridades. No se trató solo de un crimen en medio de la campaña: también hubo una señal previa de riesgo que, al parecer, no alcanzó a activar medidas de protección efectivas. Ese elemento cambia el ángulo del caso, porque ya no se trata únicamente de investigar a los autores materiales, sino de determinar por qué una candidata amenazada siguió expuesta en un escenario de alta vulnerabilidad.
El impacto político de este asesinato excede a Áncash. En Perú, como en buena parte de América Latina, las elecciones regionales y municipales suelen convertirse en terreno fértil para la intimidación, el clientelismo y la presión armada, especialmente cuando la presencia del Estado es débil y los recursos públicos están en disputa. Cuando una candidata es asesinada en plena campaña, el mensaje para el resto de aspirantes es brutal: participar puede costar la vida. Y para los votantes, la consecuencia es igual de grave, porque la violencia termina filtrándose en la calidad de la democracia y en la libertad real para elegir.
Este caso obliga a mirar más allá del crimen puntual. Si las denuncias previas no derivan en protección, si la campaña política se desarrolla sin garantías mínimas y si la investigación no identifica rápido a los responsables, el efecto es un deterioro silencioso pero profundo del proceso democrático. Lo ocurrido con Susy Aponte Polo no solo enluta una campaña; también deja expuesto el costo de normalizar que hacer política en ciertos territorios de América Latina sea una actividad de alto riesgo.
