Consejo de Estado frena designación de Mancuso como gestor de paz por fallas jurídicas

El Consejo de Estado dejó en suspenso la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, al advertir que la Resolución 244 de 2023 presentó vacíos sustanciales que impiden sostener, por ahora, la legalidad del nombramiento. La decisión tiene efecto provisional, pero golpea de frente uno de los movimientos más polémicos del Gobierno en materia de paz total: la apuesta por incorporar a viejos actores del conflicto en funciones de interlocución institucional.

Según informó infobae Colombia, el alto tribunal concluyó que el acto administrativo no definió con precisión tres elementos básicos para este tipo de encargo: el tiempo de duración, el ámbito territorial de actuación y el alcance funcional de las tareas asignadas. En otras palabras, la resolución dejó abierta una figura que, por su naturaleza excepcional, exige límites claros para no convertirse en una designación amplia, ambigua y jurídicamente vulnerable. La medida cautelar, mientras se resuelve de fondo la demanda, deja sin efectos la resolución y bloquea temporalmente la habilitación de Mancuso para ejercer ese rol.

Más allá del caso puntual, la decisión vuelve a poner bajo escrutinio la arquitectura jurídica de la política de paz del Gobierno. En Colombia, la figura de gestor de paz no es un cargo simbólico ni una cortesía política: supone facultades concretas para facilitar acercamientos, tender puentes y participar en procesos de desescalamiento o negociación. Por eso, cuando el Estado omite delimitar con exactitud qué puede hacer, dónde puede hacerlo y por cuánto tiempo, abre la puerta a cuestionamientos sobre control, legitimidad y eventual extralimitación. El fallo provisional no solo afecta a Mancuso; también manda un mensaje sobre la obligación de blindar jurídicamente cada nombramiento si se quiere evitar que la paz total naufrague en errores de forma que terminan teniendo consecuencias de fondo.

El caso tiene además una carga política y social inevitable. Mancuso sigue siendo una figura asociada a uno de los capítulos más dolorosos de la violencia paramilitar en el país, y cualquier decisión sobre su papel en escenarios de paz toca sensibilidades profundas entre víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores que desconfían de la estrategia gubernamental. En la práctica, la suspensión ordenada por el Consejo de Estado le quita oxígeno a esa designación y obliga al Ejecutivo a revisar con mayor rigor la forma en que sustenta sus decisiones. En un país donde la paz suele depender tanto de la voluntad política como de la solidez jurídica, esta decisión recuerda que improvisar en el papel puede terminar debilitando el fondo.