Honduras enviará a juicio ordinario a Juan Orlando Hernández por lavado y fraude
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La Justicia hondureña decidió que Juan Orlando Hernández enfrente en libertad un proceso por lavado de activos y fraude contra el Estado. El caso volverá a una sala ordinaria y la audiencia inicial quedó fijada para el 12 de agosto.
La Justicia de Honduras movió este lunes una pieza clave en uno de los casos más sensibles de los últimos años: Juan Orlando Hernández, expresidente del país, será juzgado en libertad y ante un tribunal ordinario por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado. La decisión aparta el expediente de la Corte Suprema, donde inicialmente se esperaba que quedara radicado, y coloca al exmandatario otra vez en el centro de una trama que mezcla poder político, recursos públicos y sospechas de financiamiento irregular de campaña.
El Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción impuso medidas cautelares que, en la práctica, le permiten seguir el proceso sin prisión preventiva, aunque con restricciones estrictas: no podrá salir del país y deberá permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, que tendrá que reportar semanalmente su situación jurídica. A eso se suma una caución juratoria, figura que obliga al imputado a comprometerse formalmente a someterse al proceso. El Poder Judicial fijó la audiencia inicial para el 12 de agosto en la sala sexta del Tribunal de Sentencia, mientras que el recurso presentado por la defensa para mantener el caso en la Corte Suprema fue declarado sin lugar.
El trasfondo del expediente ayuda a entender por qué esta decisión tiene peso político y judicial. Hernández fue incluido en octubre de 2023 en el caso Pandora II por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, que sostiene que habría integrado una estructura destinada a desviar recursos estatales hacia fines político-electorales. La acusación formal lo señala por el supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras —unos dos millones de euros— para financiar su campaña de 2013, cuando buscaba por primera vez llegar a la Presidencia. En un país donde la desconfianza sobre el uso de fondos públicos ha sido una constante, el expediente no solo pone bajo la lupa a un expresidente: también reabre el debate sobre cómo operan las redes de captura del Estado.
La nueva fase judicial llega, además, después de un regreso marcado por su compleja trayectoria internacional. Hernández volvió a Honduras el 26 de julio tras más de cuatro años desde su extradición a Estados Unidos, donde fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico antes de recibir un indulto a finales del año pasado por parte del presidente Donald Trump. Esa sentencia, dictada en junio de 2024, lo vinculó con cárteles de la droga y estableció que facilitó el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína por territorio hondureño hacia Estados Unidos. Por eso, el juicio que se avecina no es solo una nueva batalla legal: es también una prueba para la institucionalidad hondureña, que deberá demostrar si puede procesar con autonomía a uno de los políticos más poderosos y polémicos de su historia reciente.
