Cric rechaza advertencias por movilizaciones en el Cauca y denuncia intimidación
Imagen: infobae colombia
El Consejo Regional Indígena del Cauca rechazó las advertencias de Abelardo de la Espriella sobre las movilizaciones previstas entre el 11 y el 14 de octubre. Édgar Fernández afirmó que la convocatoria busca debatir asuntos comunitarios y no provocar bloqueos.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) salió al paso de las advertencias hechas por el abogado Abelardo de la Espriella sobre las movilizaciones previstas entre el 11 y el 14 de octubre en el departamento. Édgar Fernández, vocero de la organización, aseguró que las comunidades están siendo blanco de intimidaciones y que la convocatoria tiene un propósito político y social, no la intención de generar bloqueos ni alterar el orden público.
Fernández sostuvo que el encuentro responde a una agenda de discusión sobre asuntos que afectan a las comunidades indígenas y a otras organizaciones sociales del Cauca, una región donde la protesta, la movilización y los bloqueos viales han sido históricamente puntos de tensión entre los sectores sociales y el Estado. Según dijo, las advertencias difundidas alrededor de la jornada buscan deslegitimar una convocatoria que, en su criterio, hace parte del ejercicio legítimo de organización comunitaria.
El episodio no es menor. En el Cauca, cualquier anuncio de movilización activa de inmediato alertas por el impacto que puede tener sobre la movilidad, la economía regional y la seguridad, pero también por el trasfondo de conflictividad que arrastra el departamento: presencia de grupos armados, disputas por el control territorial y una relación permanentemente frágil entre las autoridades y los pueblos indígenas. Por eso, cuando líderes sociales insisten en que su protesta no busca bloquear vías sino abrir debate, lo que está en juego es también la discusión sobre la legitimidad de la movilización social en un territorio donde protestar puede convertirse rápidamente en una acusación política.
La respuesta del Cric deja ver una tensión que va más allá de esta convocatoria puntual. De un lado, sectores que ven en estas expresiones una amenaza al orden y a la circulación; del otro, comunidades que reclaman el derecho a reunirse, presionar respuestas institucionales y poner sobre la mesa sus demandas históricas. En un país donde el conflicto social suele medirse por el impacto en las carreteras, el debate de fondo sigue siendo el mismo: quién define cuándo una protesta es una forma de participación y cuándo se convierte, según sus críticos, en una medida de presión inaceptable.
