Asesinan en Soledad a comerciante que, según su familia, había sido amenazado
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El asesinato de Abersio Medrano Ramos, dueño de una distribuidora de pollos en Soledad, volvió a poner sobre la mesa la presión criminal que enfrentan los pequeños comerciantes del Atlántico. Su familia sostiene que antes del ataque había recibido amenazas de extorsionistas.
El asesinato de Abersio Medrano Ramos, comerciante de 57 años y propietario de una distribuidora de pollos en Soledad, Atlántico, sacudió al barrio Villa Adela y volvió a exhibir la fragilidad con la que operan muchos negocios en zonas golpeadas por la extorsión. La víctima, oriunda de Turbo, Antioquia, fue atacada en un hecho que hoy investigan las autoridades, mientras sus familiares aseguran que ya había advertido sobre amenazas previas de presuntos extorsionistas.
De acuerdo con la información conocida por El Tiempo (Colombia), Medrano Ramos era un hombre reconocido en su entorno comercial y su muerte generó una profunda consternación entre allegados y vecinos. La versión de la familia apunta a un patrón que se repite con demasiada frecuencia en municipios del área metropolitana de Barranquilla: comerciantes pequeños y medianos que terminan atrapados entre la necesidad de trabajar y la presión de estructuras criminales que cobran por dejarlos operar. El crimen ocurrió en Villa Adela, un sector que ahora suma un episodio más a la lista de violencias que afectan la vida cotidiana de quienes dependen de su negocio para sostener a sus hogares.
Este caso importa no solo por la crudeza del asesinato, sino porque encaja en una dinámica que desborda a una sola familia. En el Atlántico, como en otras regiones de Colombia, la extorsión se ha convertido en un impuesto ilegal que distorsiona la economía local, encarece la operación de los negocios y obliga a muchos comerciantes a vivir bajo miedo permanente. Cuando una distribuidora de alimentos es blanco de amenazas, el golpe no afecta únicamente al dueño: también golpea a empleados, proveedores, clientes y a toda una cadena de trabajo que depende de que el comercio pueda abrir cada día sin pagar peaje criminal. Por eso, más allá de la investigación por este homicidio, el fondo del problema sigue siendo el mismo: la capacidad de las autoridades para proteger a quienes sostienen la economía popular y evitar que la extorsión siga resolviendo, con bala y terror, lo que el Estado no logra contener con rapidez.
El caso de Medrano Ramos deja una señal incómoda para Soledad y para el Atlántico: la violencia contra comerciantes no es un hecho aislado ni una simple estadística policial. Es un síntoma de control territorial, de intimidación sistemática y de un clima en el que trabajar puede convertirse en un riesgo mortal. Si las denuncias de amenazas se confirman, el asesinato no sería solo un homicidio más, sino la consecuencia más grave de un negocio criminal que sigue encontrando espacio para crecer.
