Contraloría alerta por $10,18 billones sin legalizar en Salud
Imagen: infobae
La Contraloría encendió las alarmas sobre $10,18 billones pendientes de legalización en el Ministerio de Salud, una señal de riesgo sobre el manejo de recursos públicos. El órgano de control también encontró que 22 de 40 proyectos de infraestructura hospitalaria revisados requieren vigilancia fiscal especial.
La Contraloría General prendió una alerta de alto voltaje sobre la ejecución de los recursos del Ministerio de Salud: encontró $10,18 billones pendientes de legalización y advirtió riesgos en el manejo de dinero destinado a infraestructura hospitalaria. El hallazgo no es menor, porque pone bajo escrutinio una de las áreas más sensibles del gasto público: la que debería traducirse en hospitales, equipamientos y mejores servicios para los pacientes.
Según informó infobae, el organismo de control revisó 40 proyectos y concluyó que 22 necesitan vigilancia fiscal especial, una proporción que revela debilidades en el seguimiento y la transparencia de la inversión. La advertencia apunta a posibles fallas en la trazabilidad de los recursos, un problema que en Colombia suele convertirse en obras inconclusas, retrasos administrativos o contratos que no logran demostrar con claridad su destino final.
El dato tiene implicaciones que van más allá de la contabilidad estatal. Cuando un volumen tan alto de recursos permanece sin legalizar, se abre la puerta a preguntas sobre la capacidad del Estado para ejecutar con eficiencia el presupuesto de salud, especialmente en un país donde la demanda por infraestructura hospitalaria sigue creciendo y la brecha entre regiones es profunda. La vigilancia fiscal especial sobre más de la mitad de los proyectos examinados sugiere que el problema no sería aislado, sino estructural: no solo se trata de gastar, sino de demostrar que el gasto se hizo bien, a tiempo y con resultados verificables.
En un sector donde cada peso mal ejecutado se siente en salas de urgencias saturadas, equipos que no llegan y obras que tardan años, el alerta de la Contraloría debería leerse como una advertencia política y social. Si el Gobierno no logra aclarar el estado de esos recursos y corregir las fallas detectadas, el impacto no quedará en los informes de control: lo terminarán pagando, como casi siempre, los pacientes y los territorios que siguen esperando una red hospitalaria digna.
