Contraloría ve posible detrimento por $1,16 billones en la ‘Paz Total’
Imagen: El Tiempo - Política
La Contraloría encendió las alarmas sobre la ejecución de la política de ‘Paz Total’ al detectar 344 hallazgos con posible detrimento patrimonial por $1,16 billones. El informe pone bajo la lupa el uso de recursos en programas sensibles para las regiones, como Caminos Comunitarios.
La Contraloría General de la República puso en evidencia una radiografía preocupante sobre la ejecución de la política de ‘Paz Total’: en su más reciente revisión detectó 344 hallazgos con posible detrimento patrimonial por $1,16 billones. El informe, según informó El Tiempo - Política, examina cómo se han usado recursos destinados a la política de paz y a iniciativas asociadas, entre ellas el programa Caminos Comunitarios, una apuesta clave para conectar territorios históricamente olvidados por el Estado.
El dato no es menor. Cuando un órgano de control encuentra una cifra de esa magnitud en un programa que se presenta como columna vertebral de la estrategia de paz del Gobierno, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser política y social. La Contraloría no solo está alertando sobre posibles irregularidades en la ejecución presupuestal, sino también sobre la capacidad real del Ejecutivo para traducir grandes anuncios en obras, servicios y presencia estatal efectiva en zonas golpeadas por el conflicto, la pobreza y el abandono institucional. De acuerdo con el reporte, el análisis cubre partidas sensibles que debían impactar directamente en la estabilización territorial y la mejora de la infraestructura comunitaria.
La relevancia del hallazgo va más allá del número bruto. La ‘Paz Total’ fue concebida como una estrategia ambiciosa para negociar con actores armados, reducir violencias y llevar inversión pública a las regiones más frágiles. Pero ese propósito depende de algo básico: que el dinero llegue, se ejecute bien y deje resultados verificables. Si la Contraloría advierte posibles detrimentos por más de un billón de pesos, el debate inevitable será si el problema está en fallas administrativas, en mala planeación, en contratación deficiente o en un diseño institucional que no ha logrado blindar los recursos. En cualquiera de los casos, el efecto político es el mismo: erosiona la credibilidad de una política que ya carga con tensiones por los escasos avances en seguridad y resultados concretos.
Para la gente que vive en los territorios, esto tiene una implicación directa. Cada peso que se pierde o se ejecuta mal en programas de paz es una oportunidad menos para abrir una vía, fortalecer una escuela, mejorar una conexión rural o sostener proyectos que alejen a comunidades enteras de la violencia. Por eso este informe no debe leerse solo como una denuncia contable, sino como una señal de alerta sobre la distancia entre la narrativa oficial y la realidad en las regiones. Ahora el Gobierno tendrá que responder no solo por la ejecución, sino por la trazabilidad de unos recursos que, en teoría, debían ser una palanca para llevar el Estado donde durante décadas solo llegaron las armas y el abandono.
