Contraloría contradice a Mafe Rojas y abre nuevo frente por contratos en Aerocivil

La Contraloría General le respondió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y le recordó que el informe sobre la Aerocivil que hoy está en el centro de la discusión ya había sido publicado. El cruce se produjo luego de que la funcionaria afirmara que recibió información incompleta sobre contratos vinculados al caso de Gabriela Muñoz, una señal que volvió a encender las alertas sobre la forma en que el Gobierno está procesando las alertas alrededor de esa entidad clave para el sector aéreo.

De acuerdo con lo informado por infobae colombia, el organismo de control salió a precisar que el documento no era un insumo oculto ni una revelación tardía, sino un reporte que estaba disponible desde antes. Esa aclaración no es menor: en Colombia, cuando una cartera como Transporte se defiende diciendo que no conocía toda la información, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una pregunta política sobre coordinación institucional, trazabilidad documental y responsabilidad en la supervisión de contratos públicos. En otras palabras, no solo se discute qué sabía la ministra, sino también qué tan robustos son los canales de información entre el sector y los entes de control.

El caso pega de frente en la credibilidad de la Aerocivil, una entidad cuya gestión contractual suele tener efectos inmediatos en la operación aeroportuaria, la confianza de los concesionarios y la vigilancia del dinero público. Si un informe ya estaba publicado, pero desde el despacho ministerial se sostiene que llegó incompleto, el problema no es solo de forma: revela una brecha en la lectura del riesgo institucional o, en el peor de los escenarios, un intento de desplazar la atención sobre posibles fallas de control. Para el ciudadano común esto importa porque detrás de estas disputas hay recursos, servicios y decisiones que impactan vuelos, obras de infraestructura y la calidad del gasto estatal.

Lo que viene ahora es una prueba para el Ministerio de Transporte y para la propia Aerocivil: deberán explicar con precisión qué documento conocieron, cuándo lo conocieron y por qué hubo una diferencia entre la versión de la ministra y la respuesta de la Contraloría. En un país donde los escándalos contractuales suelen diluirse entre comunicados y desmentidos, este episodio muestra algo más profundo: cuando la información pública se administra mal, la transparencia se vuelve una pelea por el relato y no por los hechos.