Contrato de $60.000 millones para erradicación de cultivos ilícitos queda en medio de polémica
Imagen: infobae colombia
La Policía Antinarcóticos adjudicó un contrato por $60.000 millones para erradicar cultivos ilícitos a una unión temporal señalada por cuestionamientos previos. La decisión quedó bajo la sombra de una tutela que intenta frenar la firma y de reparos de otros competidores.
La Policía Antinarcóticos dejó en manos de la Unión Temporal EMF 2026 un contrato por cerca de $60.000 millones para la erradicación de cultivos ilícitos, una adjudicación que ya nació rodeada de controversia. La decisión ha despertado reparos entre otros oferentes y hoy enfrenta además una tutela que busca detener la firma del negocio, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa la transparencia con la que el Estado contrata operaciones sensibles en materia de narcotráfico.
De acuerdo con la información conocida por Infobae Colombia, la adjudicación se produjo pese a las objeciones presentadas por participantes que cuestionaron la forma en que fue evaluada la oferta ganadora. La Unión Temporal EMF 2026 quedó como beneficiaria de un contrato estratégico para una de las tareas más delicadas de la política antidrogas: intervenir zonas con presencia de cultivos ilícitos, donde operan economías ilegales, grupos armados y dinámicas de violencia que hacen más compleja cualquier operación oficial.
El punto central del debate no es solo quién se quedó con el contrato, sino bajo qué criterios. En Colombia, las contrataciones relacionadas con erradicación, seguridad y control territorial suelen estar expuestas a una presión doble: la urgencia del Estado por mostrar resultados y el riesgo permanente de que procesos millonarios terminen cuestionados por posibles fallas en la selección del contratista. Cuando eso ocurre, el problema trasciende lo administrativo. Si un contrato de esta naturaleza se tambalea por tutelas, reparos y dudas sobre la evaluación, también se erosiona la confianza pública en una estrategia que ya enfrenta críticas por su eficacia, su costo y sus resultados en el territorio.
Este caso importa porque la erradicación de cultivos ilícitos no es un trámite más de contratación estatal: implica recursos altos, intervención en zonas sensibles y decisiones que afectan tanto a las comunidades campesinas como a la capacidad del Gobierno para cumplir metas frente a Estados Unidos y otros organismos internacionales. Si la controversia escala, podría retrasar la ejecución del contrato y abrir un nuevo frente de discusión sobre el control institucional en la política antidrogas. En un país donde los cultivos ilícitos siguen siendo una de las principales fuentes de financiación de las economías ilegales, cada millonario contrato fallido o cuestionado termina pesando mucho más que el papel que firma la administración de turno.
