Bangladés endurece la ofensiva judicial contra la red política de Sheikh Hasina

Un tribunal de Bangladés impuso la pena de muerte a siete figuras cercanas a la ex primera ministra Sheikh Hasina, entre ellas el secretario general de la Liga Awami, al concluir que tuvieron responsabilidad en crímenes contra la humanidad durante el levantamiento popular de julio y agosto de 2024. La decisión golpea de lleno al viejo engranaje de poder de Hasina y confirma que la cuenta pendiente por la represión de aquellas protestas sigue muy viva en Daca.

Según informó la agencia EFE, el fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal Penal Internacional de Bangladés, que aceptó los cargos presentados por la Fiscalía tras un proceso centrado en cuatro acusaciones por delitos de lesa humanidad. El fiscal jefe sostuvo que la mayoría de los señalamientos quedó probada más allá de toda duda razonable. Además de Obaidul Qader, también fueron condenados a muerte el secretario general adjunto de la Liga Awami, A. F. M. Bahauddin Nasim; el exviceministro Mohammad Ali Arafat; y dirigentes de las ramas juvenil y estudiantil del partido. El tribunal ordenó, además, confiscar el 50 % de sus bienes para destinarlos a las víctimas, una medida que revela la intención del Estado de convertir la sentencia en reparación material, no solo castigo penal.

El trasfondo de este veredicto es una crisis política que no se entiende sin recordar la caída de Hasina en agosto de 2024, cuando huyó a India después de más de 15 años gobernando. Las protestas de ese periodo dejaron al menos 1.400 muertos, en su mayoría por disparos de la policía, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas, una cifra que dimensiona la brutalidad de la represión y explica por qué la presión por castigos ejemplares no ha cedido. El propio tribunal que ahora dicta condenas fue creado en 2010 por el gobierno de Hasina para juzgar crímenes de la guerra de independencia de 1971; hoy, reconstituido tras su derrocamiento, se ha convertido en una herramienta central del nuevo momento político, aunque también en un foco de disputa sobre imparcialidad y venganza institucional.

Lo más delicado del caso es que los siete condenados están prófugos, lo que pone en duda la capacidad real del sistema para ejecutar la sentencia y llevar a las víctimas una sensación tangible de justicia. Hasina y la Liga Awami rechazan estos procesos y los consideran sesgados, una defensa que no solo busca blindar a la antigua primera ministra, sino también preservar la legitimidad de un partido que sigue siendo una fuerza decisiva en la política bangladesí. En la práctica, el fallo puede fortalecer a las autoridades de transición ante sectores que exigen rendición de cuentas, pero también alimentar la polarización en un país donde la justicia, la memoria de las protestas y la disputa por el poder avanzan al mismo ritmo, y con la misma tensión.