Controversia por contrato de influenciadoras abelardistas en Inravisión reaviva debate
Imagen: El Tiempo - Política
El nombramiento de creadoras de contenido vinculadas al abelardismo en Inravisión, la antigua RTVC, abrió una nueva discusión sobre el uso de contratos estatales para influenciadores. Ellas defendieron su vínculo con el sistema público de medios y rechazaron que se trate de un favorecimiento político.
La contratación de creadoras de contenido asociadas al abelardismo en Inravisión, antes RTVC, volvió a encender una discusión conocida en la política colombiana: hasta dónde puede llegar el Estado cuando usa recursos públicos para vincular influenciadores a su maquinaria de comunicación. Según informó El Tiempo - Política, el caso generó críticas de sectores que ven un patrón similar al que ya había sido cuestionado en el gobierno Petro, donde también hubo contratos con creadoras de contenido.
Las influenciadoras salieron a responder y defendieron su trabajo, insistiendo en que su vínculo contractual no obedece a una operación de propaganda disfrazada, sino a labores relacionadas con producción digital y comunicación. En su defensa, buscaron despejar la idea de que el nombramiento responda únicamente a afinidades políticas o a recompensas por respaldos públicos previos. El debate, sin embargo, no se agota en la legalidad del contrato: también gira alrededor de la transparencia, la pertinencia del gasto y los límites éticos de convertir figuras de redes sociales en contratistas del Estado.
Este episodio importa porque toca una fibra sensible en Colombia: la credibilidad de los medios públicos y el manejo de la plata pública en un ecosistema donde la comunicación política cada vez depende más de la influencia digital. Inravisión, hoy referencia histórica de lo que fue el sistema de televisión pública, carga además con el peso simbólico de una entidad que debería estar blindada frente a sospechas de captura partidista. Cuando un gobierno o una entidad estatal recurre a influenciadores, la pregunta inmediata es si está fortaleciendo la divulgación institucional o financiando lealtades disfrazadas de contenido.
La controversia también revela algo más amplio: la frontera cada vez más borrosa entre periodismo, propaganda y marketing político. En Colombia, donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones es alta, cualquier contratación de este tipo puede convertirse rápidamente en un caso emblemático. Si no se explican con claridad los criterios, funciones y resultados de estos contratos, el costo político lo termina pagando no solo la entidad, sino la idea misma de servicio público. Y ese es el punto de fondo: la discusión no debería ser únicamente quién recibió el contrato, sino por qué el Estado sigue encontrando tan difícil comunicar sin levantar sospechas.
