Corte Suprema aplazó audiencia de Martha Peralta en caso Ungrd y crece la tensión judicial
Imagen: infobae colombia
La Corte Suprema aplazó la audiencia de la senadora Martha Peralta en el caso de corrupción de la Ungrd, luego de que el magistrado Francisco Farfán pidiera revisar la ponencia preparada por Cristina Lombana. La decisión retrasa una definición clave en uno de los expedientes más sensibles para el Congreso.
La Corte Suprema de Justicia aplazó la audiencia prevista dentro del proceso que involucra a la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una de las investigaciones más delicadas que hoy toca al Congreso. La decisión frena, al menos por ahora, un avance que podía mover el tablero político y judicial alrededor de una congresista señalada en un expediente que ha salpicado a distintos niveles del poder en Colombia.
Según informó infobae colombia, el aplazamiento fue solicitado por el magistrado Francisco Farfán, quien pidió más tiempo para revisar la ponencia elaborada por la magistrada Cristina Lombana, encargada de liderar la investigación contra Peralta. En términos prácticos, la solicitud implica que el alto tribunal no quiso avanzar a ciegas sobre un caso que combina peso jurídico, sensibilidad política y presión pública. En una investigación de esta magnitud, cada aplazamiento se lee no solo como una decisión de trámite, sino como una señal de que la Corte quiere blindar sus pasos frente a cuestionamientos posteriores.
El caso de la Ungrd se ha convertido en uno de los mayores focos de atención nacional porque no se trata de un episodio aislado de contratación irregular, sino de una trama que ha puesto bajo la lupa el uso de recursos públicos destinados a atender emergencias. Por eso importa lo que ocurra con Martha Peralta: no solo está en juego la situación judicial de una senadora, sino también la credibilidad institucional de un Congreso que sigue acumulando golpes por corrupción. En un país donde la desconfianza hacia la política es alta, cualquier demora, avance o ajuste procesal en este expediente termina teniendo lectura pública más allá del estricto lenguaje judicial.
Lo que venga ahora dependerá de los tiempos internos de la Corte y del análisis que haga el magistrado Farfán sobre la ponencia de Lombana. Pero el fondo del asunto no cambia: la justicia sigue intentando ordenar un caso que ha expuesto las grietas de la contratación estatal y la vulnerabilidad de los mecanismos de control. Para la opinión pública, el mensaje es claro: mientras el país discute reformas y promesas de transparencia, el escándalo de la Ungrd sigue recordando que la corrupción no solo roba recursos, también erosiona la confianza en las instituciones que deberían protegerlos.
