Revillagigedo: casi una década protegido, pero aún golpeado por la pesca ilegal
Imagen: infobae
El Parque Nacional Revillagigedo, una de las zonas marinas más valiosas de México, sigue bajo presión por la pesca ilegal pese a haber sido declarado área protegida hace casi una década. Ahora el gobierno intenta reaccionar con un plan preventivo que llega tarde, pero que reconoce un problema persistente.
A casi 10 años de haber sido declarado área protegida, el Parque Nacional Revillagigedo sigue enfrentando una realidad incómoda: la pesca ilegal no ha desaparecido y el gobierno apenas comienza a empujar un plan para frenarla. El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta básica pero incómoda para la política ambiental mexicana: ¿de qué sirve decretar protección si no existe una vigilancia efectiva en el territorio?
De acuerdo con la información difundida por infobae, la administración federal busca ahora fortalecer medidas de prevención para evitar que continúe la extracción ilegal de especies en esta reserva marina, una de las más importantes del país por su biodiversidad y por el papel que cumple como santuario de fauna oceánica. El problema no es menor. Revillagigedo, ubicado en el Pacífico mexicano, ha sido durante años un sitio atractivo para redes de pesca clandestina que operan aprovechando la lejanía del archipiélago, la dificultad para patrullarlo de forma constante y las limitaciones materiales del Estado para mantener presencia permanente.
Lo relevante aquí no es solo la persistencia del delito ambiental, sino el patrón que revela. México ha avanzado en el papel en la creación de áreas naturales protegidas, pero otra historia muy distinta es garantizar que esas fronteras existan en la práctica. En Revillagigedo, como en otros espacios marinos, la distancia entre la norma y la aplicación termina favoreciendo a quienes explotan recursos de forma ilegal. Eso afecta a la fauna, debilita los esfuerzos de conservación y expone la fragilidad de una estrategia ambiental que muchas veces llega después del daño, no antes. Para las comunidades costeras y para el ecosistema del Pacífico, el costo es doble: se pierde biodiversidad y se incentiva una economía ilegal que compite con actividades sostenibles.
El nuevo impulso gubernamental puede leerse como un reconocimiento tardío de que proteger un parque no basta con firmar un decreto. Hace falta patrullaje, tecnología, coordinación interinstitucional y sanciones que realmente desincentiven la pesca furtiva. Sin eso, Revillagigedo corre el riesgo de seguir siendo un símbolo de conservación en los discursos y un territorio vulnerable en la práctica. Y ese desajuste, en un país con enormes presiones sobre sus recursos naturales, dice mucho más de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley que de la propia fragilidad del ecosistema.
