Denuncian maniobra para cambiar reglas y nombrar un aliado de Petro en caja clave de la Policía
Imagen: infobae colombia
Una denuncia del concejal Julián Uscátegui puso bajo la lupa un presunto intento del Gobierno Petro para ajustar los requisitos de la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía. Según la acusación, la movida abriría la puerta a un aliado político del presidente para tomar una entidad que administra billones de pesos.
La Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional, una entidad que administra recursos de enorme sensibilidad financiera para miles de uniformados retirados, quedó en el centro de una controversia por una presunta maniobra del Gobierno Petro para modificar los requisitos de acceso a su dirección. La denuncia la hizo el concejal Julián Uscátegui, que aseguró que detrás del ajuste habría un interés político concreto: facilitar el nombramiento de un cercano al presidente en una entidad que maneja billones de pesos y cuya conducción, por su naturaleza, exige independencia, experiencia y blindaje frente a cuotas burocráticas.
Según explicó Uscátegui, el señalado sería el coronel retirado José Gotardo Pérez Soto, de 82 años, un hombre que —de acuerdo con la acusación— habría tenido un papel determinante años atrás en una decisión que terminó favoreciendo a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, en 2014, al incidir en la discusión sobre su inhabilidad. El concejal sostiene que el Gobierno estaría moviendo fichas para adaptar las condiciones del cargo a un nombre específico, lo que en la práctica reavivaría una vieja fórmula de la política colombiana: modificar reglas institucionales para acomodarlas a una persona y no al interés público. En medio de esa controversia, el propio Pérez Soto salió a responder, aunque el contenido de su versión no despeja por completo las dudas sobre el trasfondo del nombramiento ni sobre el alcance real de los cambios denunciados.
El episodio importa por una razón de fondo: la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía no es una oficina menor ni un cargo simbólico. Allí se administran recursos que afectan la estabilidad económica de miles de policías pensionados y retirados, un universo especialmente sensible en un país donde la confianza en el manejo de los fondos públicos suele romperse justo en los espacios donde menos margen debería existir para la sospecha. Si la denuncia prospera, el debate no será solo sobre un nombre sino sobre la captura política de una entidad estratégica, algo que deteriora aún más la credibilidad del Gobierno en materia de meritocracia y control institucional. Y si no prospera, igual deja una pregunta incómoda: por qué cada vez que se discuten cargos con manejo de recursos aparecen versiones sobre reformas hechas a la medida, una práctica que termina afectando no solo a la institucionalidad sino también a los ciudadanos que dependen de que estas entidades funcionen con reglas claras y sin favores cruzados.
