Corte Suprema exige plan urgente para destrabar tutelas en Nueva EPS
Imagen: infobae
La Corte Suprema de Justicia le puso un ultimátum al Gobierno y a Nueva EPS: deberán presentar un plan urgente para cumplir miles de tutelas pendientes. La orden prioriza a pacientes en riesgo grave y a quienes gozan de especial protección constitucional.
La Corte Suprema de Justicia encendió una nueva alarma sobre la crisis de atención en Nueva EPS al ordenar al Gobierno y a la entidad intervenida que presenten, en un plazo máximo, una estrategia concreta para cumplir las tutelas acumuladas. La decisión no es menor: apunta a destrabar órdenes judiciales que, en muchos casos, corresponden a tratamientos, medicamentos y servicios que los pacientes vienen reclamando sin respuesta oportuna del sistema.
Según informó infobae, la instrucción del alto tribunal involucra directamente a Nueva EPS, al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Presidencia, que deberán coordinar una hoja de ruta para atender primero a los pacientes en riesgo grave y a las personas que cuentan con especial protección constitucional. En la práctica, eso significa que la Corte está exigiendo una respuesta institucional más allá de los anuncios administrativos, con prioridades claras, mecanismos de seguimiento y una salida verificable para una carga judicial que refleja el colapso de buena parte de la atención en salud.
El trasfondo es conocido, pero cada vez más crítico: las tutelas se han convertido en el recurso al que recurren miles de afiliados cuando el sistema les niega o demora servicios básicos. Que la Corte Suprema tenga que intervenir para exigir un plan urgente revela hasta qué punto la intervención estatal en Nueva EPS no ha resuelto los problemas estructurales de autorización, entrega de medicamentos y acceso efectivo a tratamientos. Para el usuario común, esto no es un debate técnico ni una disputa entre entidades; es la diferencia entre recibir a tiempo una terapia, una cirugía o una medicina vital, o seguir atrapado en una cadena de trámites que en Colombia suele traducirse en deterioro de salud y angustia familiar.
La orden también pone presión política sobre el Ejecutivo, que sigue enfrentando cuestionamientos por el manejo del sistema de salud y por la capacidad real de las EPS intervenidas para responder a los afiliados. Si el plan exigido por la Corte se cumple, podría abrir una ruta para ordenar parcialmente la atención de los casos más urgentes. Si no, el mensaje será más duro: ni la intervención, ni la vigilancia, ni la presión institucional han logrado corregir una crisis que hoy se mide en expedientes, tutelas y pacientes esperando.
