Tres muertes en tres meses sacuden el penal El Castillo de Mazatlán

Imagen: infobae
El penal El Castillo, en Mazatlán, sumó tres muertes de internos en apenas tres meses, una seguidilla que vuelve a poner bajo presión a la administración penitenciaria de Sinaloa. La más reciente fue reportada como probable suicidio y ya es investigada por la Fiscalía estatal.
El penal El Castillo, en Mazatlán, volvió a encender las alarmas este 26 de agosto tras la muerte de un interno que, de manera preliminar, fue reportada por las autoridades como un probable suicidio. Con este caso, el centro penitenciario acumula tres fallecimientos de personas privadas de la libertad entre mayo y agosto, una cifra que deja al descubierto la fragilidad del sistema carcelario local y la urgencia de esclarecer qué está ocurriendo dentro de sus módulos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hombre fue localizado sin vida dentro de su módulo después de que personal del penal detectó su ausencia durante el pase de lista y activó su búsqueda. Minutos más tarde, lo encontraron ya sin signos vitales. La dependencia informó que dio aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado para que realice las diligencias correspondientes y determine con precisión la causa del deceso. Como en otros casos, la autoridad estatal insistió en que habrá coordinación con las instancias ministeriales para reconstruir la mecánica de los hechos.
La muerte más reciente no es un episodio aislado, sino parte de una secuencia inquietante. El 11 de mayo, otro interno murió dentro del mismo penal mientras participaba en un partido de béisbol; en ese caso, la versión preliminar apuntó a un infarto al miocardio luego de que se desvaneciera frente a personal de custodia y médicos del reclusorio. El segundo fallecimiento ocurrió el 25 de junio, cuando un hombre se desplomó en su módulo, fue auxiliado por otros reos y trasladado al área médica, donde se confirmó que ya había perdido la vida; también entonces se habló inicialmente de un posible infarto. Tres muertes en menos de cuatro meses no sólo hablan de tragedias individuales, sino de un entorno penitenciario que necesita revisión profunda en materia de salud, vigilancia y protocolos de prevención.
Lo que ocurre en El Castillo importa más allá del penal. En cualquier sistema carcelario, cada muerte bajo custodia del Estado obliga a revisar si hubo fallas médicas, deficiencias de supervisión o condiciones de encierro que agravan los riesgos para la población interna. En Sinaloa, donde la violencia criminal y la presión sobre las instituciones de seguridad siguen marcando la agenda pública, estos episodios golpean la credibilidad de las autoridades penitenciarias y alimentan preguntas incómodas: ¿hay capacidad real para detectar problemas de salud mental y física a tiempo?, ¿se están aplicando los controles adecuados?, ¿o el sistema está reaccionando sólo cuando ya es demasiado tarde? Mientras la Fiscalía define las causas oficiales, el penal El Castillo se convierte en un espejo de las tensiones estructurales que arrastran muchas cárceles en México: hacinamiento, atención médica limitada y supervisión insuficiente, una mezcla que suele pasar inadvertida hasta que vuelve a cobrarse una vida.




