Crisis de Nueva EPS en Atlántico agrava demoras y dispara tutelas de 440.000 afiliados
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La crisis de Nueva EPS ya golpea de frente a 440.000 afiliados en Atlántico, donde crecen las quejas por demoras en medicamentos, citas y remisiones. La combinación de barreras de acceso y señales de fragilidad financiera enciende las alarmas sobre la atención de millones de usuarios.
La crisis de Nueva EPS dejó de ser una discusión contable y ya se siente en la vida diaria de 440.000 afiliados en Atlántico, donde pacientes, autoridades y usuarios reportan un aumento de quejas, tutelas y reclamos por demoras en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas y en las remisiones a especialistas. El problema, que venía acumulándose desde hace meses, hoy se traduce en una preocupación concreta: cada trámite médico parece más lento y cada respuesta institucional más incierta, justo para una población que depende del sistema para resolver desde controles básicos hasta tratamientos de mayor complejidad.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), las barreras de acceso no solo afectan la oportunidad de la atención, sino que también están empujando a más usuarios a acudir a la tutela como mecanismo para exigir servicios que deberían garantizarse por la vía ordinaria. Ese aumento en las acciones judiciales es una señal contundente de deterioro: cuando los pacientes deben acudir a los jueces para obtener medicamentos o una remisión, el sistema deja de funcionar como red de protección y empieza a operar como filtro de desgaste. En el Atlántico, además, el malestar crece por la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta de la entidad en medio de las alertas por su situación financiera.
Lo que ocurre con Nueva EPS en este departamento no es un episodio aislado ni una simple crisis de atención al usuario. Es el reflejo de un problema estructural del sistema de salud colombiano, donde la fragilidad financiera de las aseguradoras termina impactando primero en los pacientes y después en todo el resto de la cadena: clínicas, hospitales, farmacias y profesionales de la salud. En territorios como Atlántico, donde la red asistencial ya enfrenta presiones por alta demanda y demoras acumuladas, cualquier tropiezo de una EPS de este tamaño se convierte rápidamente en una crisis social. Y por eso importa: porque detrás de cada retraso hay diagnósticos que se aplazan, tratamientos que se interrumpen y familias que asumen solos el costo humano y económico de un servicio que no está llegando a tiempo.
El caso también deja una pregunta de fondo para las autoridades del sector: cuánto tiempo puede sostenerse un modelo en el que la alerta financiera convive con una atención cada vez más precaria para cientos de miles de afiliados. Si no hay correctivos reales, la crisis puede seguir expandiéndose más allá del Atlántico y convertirse en un nuevo foco de presión sobre un sistema de salud que ya opera al límite y que, para muchos usuarios, dejó de ser una garantía para convertirse en una carrera de obstáculos.
