Briceño rechaza escoltas y cuestiona el déficit de policías en Bogotá
Imagen: infobae colombia
Daniel Briceño volvió a cuestionar que el Estado destine escoltas a su protección en medio del déficit de policías en Bogotá. El congresista sostiene que no puede aceptar privilegios de seguridad cuando faltan uniformados para cuidar a los ciudadanos.
La discusión sobre la seguridad en Bogotá tomó un giro incómodo después de que el representante a la Cámara Daniel Briceño insistiera en que no quiere un esquema de protección personal. Su argumento va más allá de una postura individual: en una ciudad golpeada por la inseguridad y con un déficit de uniformados, el congresista plantea que no es razonable quitarle recursos humanos a la ciudadanía para asignárselos a un dirigente político.
Según informó infobae colombia, Briceño advirtió que la capital enfrenta una insuficiencia de policías para cubrir las necesidades básicas de vigilancia y reacción en distintos sectores. En ese contexto, su rechazo a recibir escoltas no es solo un gesto simbólico, sino una crítica directa a la forma en que el Estado prioriza la protección de sus funcionarios frente a la seguridad cotidiana de los bogotanos. El planteamiento, en otras palabras, toca una fibra sensible: mientras muchas localidades reclaman más patrullaje, más presencia en las calles y más capacidad de respuesta, el debate se concentra en cuántos hombres y mujeres uniformados deben acompañar a un congresista.
El fondo del asunto es político, pero también administrativo. Bogotá arrastra desde hace años una percepción de inseguridad que se traduce en hurtos, alteraciones del orden público y una sensación extendida de desprotección en el transporte, los barrios y los corredores comerciales. Cuando un congresista insiste en no aceptar un esquema de seguridad, lo que está señalando es que la escasez no da margen para decisiones que parezcan de privilegio. Y aunque la seguridad de los servidores públicos es un tema legítimo en un país donde hacer política también implica riesgos, el dilema aparece cuando la protección individual compite con la seguridad colectiva. Ese choque entre necesidades no resueltas y recursos limitados explica por qué la declaración de Briceño no pasa inadvertida.
La controversia deja una pregunta de fondo que Bogotá no ha logrado resolver: ¿cómo se distribuyen los pocos recursos de seguridad disponibles cuando la demanda supera ampliamente la capacidad institucional? En una ciudad donde la ciudadanía pide más presencia policial, más inteligencia y más resultados, cualquier decisión sobre escoltas, anillos de seguridad o asignación de uniformados termina teniendo un costo político. Briceño intenta ubicarse del lado de la austeridad y del mensaje ético, pero también pone sobre la mesa una falla estructural: si el Estado no logra garantizar suficientes policías para la calle, cada esquema personal de protección se convierte en un recordatorio de que la seguridad sigue siendo un bien escaso.
