Directora del ICBF denuncia acoso y rastreo de viajes; De La Espriella le responde con respaldo
Imagen: El Tiempo - Política
La directora del ICBF denunció ante la Fiscalía acoso digital y el rastreo en tiempo real de sus desplazamientos, una escalada que encendió alertas sobre su seguridad. De La Espriella salió a respaldarla y lanzó un mensaje político que mezcla protección institucional con pulso de poder.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) acudió a la Fiscalía para denunciar una situación que ya desborda el debate político y entra de lleno en el terreno de la seguridad personal: acoso en redes sociales y seguimiento en tiempo real de sus viajes. El caso, revelado en el entorno de la discusión pública sobre su gestión, abre una alarma que no debería normalizarse en Colombia: cuando una funcionaria empieza a ser rastreada por sus desplazamientos, la intimidación deja de ser virtual y se convierte en un riesgo concreto para su integridad y para el ejercicio mismo de la función pública.
Según la información conocida, la denuncia penal fue presentada por la funcionaria ante la Fiscalía con el propósito de dejar constancia de una cadena de hostigamientos que, además de mensajes agresivos en plataformas digitales, incluye la capacidad de terceros para seguir sus movimientos casi en tiempo real. En medio de esa denuncia apareció el respaldo de Abelardo de la Espriella, quien defendió a la directora del ICBF y elevó el tono con una frase que busca enviar un mensaje de blindaje político: que quien se meta con un funcionario de su Gobierno se mete con él. Más allá del estilo provocador del abogado y figura pública, su reacción pone sobre la mesa una realidad incómoda: el poder en Colombia sigue respondiendo muchas veces con declaraciones fuertes cuando lo que se necesita es una protección institucional efectiva.
Este episodio importa por varias razones. Primero, porque el ICBF no es una entidad cualquiera: maneja temas sensibles como la protección de la niñez, la atención a familias vulnerables y la intervención en contextos de violencia o abandono. Segundo, porque el acoso digital ya no puede leerse como un simple exceso de opinión en redes; cuando incluye rastreo, exposición de rutinas y posibles amenazas, se acerca peligrosamente a modalidades de persecución que pueden escalar. Y tercero, porque el caso refleja una tendencia más amplia en Colombia y en buena parte de América Latina: funcionarios públicos convertidos en blanco permanente de campañas de intimidación, donde la frontera entre crítica, hostigamiento y amenaza se diluye con facilidad. Si el Estado no responde con investigaciones rápidas y medidas de protección, el mensaje que queda es devastador: ejercer un cargo público puede costar más que perder reputación; puede costar seguridad.
La discusión de fondo no debería quedarse en el gesto de respaldo ni en la frase altisonante. Lo verdaderamente relevante es si la Fiscalía logra identificar quién está detrás de ese seguimiento y si las autoridades toman en serio el impacto que tiene el acoso digital sobre las instituciones. En un país donde la polarización suele devorarlo todo, este caso recuerda que la confrontación política no puede convertirse en licencia para vigilar, intimidar o poner en riesgo a servidores públicos. Cuando una funcionaria debe denunciar que la están siguiendo por sus movimientos, ya no estamos ante un simple choque de opiniones: estamos ante una amenaza al funcionamiento normal del Estado.
