Operativo en Guaviare deja diez disidentes abatidos y reabre debate por menores reclutados
Imagen: El Tiempo - Política
El operativo militar en El Retorno, Guaviare, dejó diez integrantes de disidencias de las Farc muertos y un menor rescatado, en medio de denuncias por la muerte de tres adolescentes. La polémica reabre el debate sobre el uso de menores por grupos armados y los límites de la fuerza estatal.
La operación militar ejecutada el pasado jueves en El Retorno, Guaviare, terminó con un saldo de diez integrantes de las disidencias de las Farc abatidos y un menor de edad rescatado, pero quedó marcada por una sombra mucho más grave: la muerte de tres adolescentes en medio del combate. El hecho desató una nueva tormenta política y humanitaria en torno a la presencia de menores en las filas de grupos armados ilegales, un problema que Colombia arrastra desde hace décadas y que sigue cobrando vidas en los territorios más golpeados por la guerra.
Según informó El Tiempo - Política, el operativo se dirigió contra estructuras disidentes que mantienen presencia en esa zona estratégica del suroriente del país. La controversia estalló porque, tras confirmarse las muertes de los menores, surgieron cuestionamientos sobre el alcance del bombardeo y las condiciones en que fueron usados por la organización armada. En ese contexto, De La Espriella respaldó la acción militar y culpó a las disidencias de las Farc de haber empleado a los adolescentes como escudos humanos, una acusación que, más allá del ruido político, pone el foco sobre la práctica sistemática de reclutamiento forzado que organizaciones humanitarias han denunciado durante años.
El episodio vuelve a mostrar una de las grandes contradicciones del conflicto colombiano: el Estado intenta golpear a grupos armados que operan en zonas donde la institucionalidad apenas existe, pero lo hace en escenarios en los que la línea entre objetivo militar y daño sobre población menor de edad puede volverse dramáticamente difusa. Por eso importa este caso: no solo por el número de abatidos o por la dimensión táctica del operativo, sino porque expone el costo humano de una guerra que sigue alimentándose de niños y adolescentes convertidos en combatientes, mensajeros o carne de cañón. También deja una pregunta incómoda para el Gobierno y para la Fuerza Pública: cómo sostener la presión contra las disidencias sin terminar atrapados en episodios que golpean la legitimidad de la acción estatal.
En términos políticos, lo ocurrido en Guaviare probablemente alimentará tanto las voces que exigen mano dura contra las disidencias como las críticas que reclaman mayores controles sobre los operativos en zonas con presencia de menores. En términos sociales, el caso vuelve a recordar que detrás de cada parte militar hay comunidades enteras viviendo entre el miedo, el reclutamiento forzado y la ausencia del Estado. Mientras esa realidad no cambie, cada operación exitosa contra un grupo armado seguirá llegando acompañada de una pregunta incómoda: cuánto de la guerra se sigue librando, todavía, sobre la vida de los más jóvenes.
