JEP alerta por posible recorte y teme una parálisis con eco internacional
Imagen: El Tiempo - Política
La discusión sobre un posible recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz amenaza con salir del terreno político y terminar en escenarios internacionales. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advierte que la medida podría dejar al tribunal en una parálisis operativa.
La controversia por un eventual recorte a la JEP ya no se limita al debate legislativo o a las tensiones entre partidos: empieza a perfilarse como un conflicto con posibles repercusiones internacionales. El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, busca alternativas para frenar lo que describió como una eventual parálisis operativa, en medio de un ambiente político que tomó más fuerza después de que sectores cercanos al Gobierno respaldaran la propuesta promovida por Enrique Gómez y De la Espriella. El mensaje es claro: si el recorte avanza, no solo estaría en juego el funcionamiento de un tribunal creado para cerrar el capítulo del conflicto armado, sino también la credibilidad del Estado colombiano frente a sus compromisos con la justicia transicional.
Según informó El Tiempo - Política, la preocupación de Ramelli apunta a que una reducción de recursos o de capacidad institucional podría afectar el trabajo diario de la JEP, una jurisdicción que sigue recibiendo, revisando y resolviendo miles de expedientes relacionados con crímenes cometidos durante décadas de guerra. Ese riesgo no es menor. La JEP no opera como una oficina administrativa cualquiera: tiene a su cargo procesos sensibles que involucran a excombatientes, agentes del Estado y víctimas que llevan años esperando verdad, reparación y decisiones judiciales. Cualquier interrupción real en su maquinaria no solo retrasaría sentencias y audiencias, sino que alimentaría la sensación de que el país está retrocediendo en uno de sus compromisos más delicados tras el acuerdo de paz.
El debate también tiene una lectura política de fondo. El respaldo gubernamental a una propuesta que recorta el alcance o el músculo financiero de la JEP reabre una vieja discusión sobre el lugar de la justicia transicional en Colombia: para unos, es un mecanismo necesario para procesar el conflicto con garantías; para otros, sigue siendo una institución costosa, lenta o demasiado permisiva. Pero más allá del pulso ideológico, el efecto práctico recaería sobre las víctimas y sobre la estabilidad jurídica del sistema. Si la JEP pierde capacidad operativa, el costo no se mide solo en presupuestos: se mide en confianza institucional, en cumplimiento internacional y en la posibilidad de que casos clave queden enredados durante años.
Por eso no sorprende que desde la presidencia del tribunal se esté pensando en caminos para contener el impacto antes de que el debate escale. En Colombia, la historia ha mostrado que cuando una institución nacida de un acuerdo de paz entra en disputa con el poder político de turno, el problema rara vez termina dentro de las fronteras nacionales. Y en este caso, si el recorte prospera, el país podría terminar discutiendo ante instancias internacionales no solo sobre dinero o estructura, sino sobre si está debilitando uno de los pilares más importantes de su promesa de no repetición.
