Colombia

Decana de la Unal cuestiona ingreso de la Fuerza Pública al campus

Hace 1 día

La decana de Derecho de la Universidad Nacional en Bogotá rechazó la presunta irrupción de la Fuerza Pública en el campus durante la madrugada del 19 de noviembre. La rectoría respondió que la inspección fue solicitada por la propia institución tras una alerta de posibles explosivos.

La controversia por el ingreso de la Fuerza Pública a la Universidad Nacional en Bogotá abrió un nuevo frente de tensión entre la administración universitaria y algunos de sus directivos. Catalina Toro Pérez, decana de la Facultad de Derecho, cuestionó de forma pública lo ocurrido durante la madrugada del 19 de noviembre y expresó su rechazo ante lo que describió como una irrupción en el campus, en un episodio que volvió a poner bajo la lupa la relación entre la autonomía universitaria y los operativos de seguridad en la ciudad.

Según informó infobae colombia, la reacción de Toro se produjo luego de que circularan versiones sobre la presencia de uniformados en las instalaciones de la universidad. En contraste, el rector Ismael Peña sostuvo posteriormente que la intervención no fue una entrada unilateral de las autoridades, sino una inspección solicitada por la propia institución ante una alerta por posibles explosivos. Esa explicación cambió el eje del debate: ya no se trata solo de si hubo o no un ingreso de la Fuerza Pública, sino de quién tomó la decisión, con qué sustento y bajo qué protocolos se ejecutó.

El episodio tiene más peso del que parece porque toca una fibra sensible en el sistema universitario público colombiano: la autonomía, la seguridad y la confianza interna. En una universidad como la Nacional, cualquier presencia de la Fuerza Pública dentro del campus activa recuerdos de episodios anteriores de tensión, vigilancia y confrontación. Por eso la discusión no se limita a un intercambio administrativo; también revela la fragilidad de los consensos sobre cómo actuar ante amenazas reales en espacios académicos donde convergen estudiantes, profesores y trabajadores. Si la alerta fue legítima, la pregunta es si hubo transparencia suficiente. Si no lo fue, el reclamo sobre una eventual extralimitación gana fuerza.

Más allá de la disputa puntual entre una decana y el rector, el caso deja una señal incómoda: en Colombia, la seguridad dentro de los campus sigue siendo un asunto sin fórmulas simples. Cualquier decisión en esa dirección puede interpretarse como protección o como vulneración, dependiendo de quién la cuente y cómo se informe. Y en esa zona gris, la universidad pública termina atrapada entre el deber de prevenir riesgos y la obligación de preservar su autonomía institucional.

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