Defensoría advierte que ataque con drones a radar en Candelaria violó el DIH
Imagen: infobae colombia
La Defensoría del Pueblo advirtió que el ataque con drones contra un radar de la Aerocivil en Candelaria no solo golpea infraestructura estatal, sino que podría constituir una violación del Derecho Internacional Humanitario. La entidad pidió investigar los hechos y recordó que en medio del conflicto los bienes civiles también están protegidos.
La Defensoría del Pueblo puso el foco sobre el ataque con drones contra un radar de la Aerocivil en Candelaria, Valle del Cauca, al advertir que el hecho podría configurar una violación del Derecho Internacional Humanitario. La entidad no trató el episodio como un simple daño a infraestructura pública: lo leyó como una agresión que, en un contexto de conflicto armado, compromete reglas básicas pensadas para proteger a la población civil y los bienes que no participan de las hostilidades.
Según informó infobae colombia, la Defensoría recordó que el DIH existe justamente para marcar límites en medio de la guerra y evitar que la violencia caiga sobre personas y activos civiles. En ese marco, pidió que el ataque sea investigado con celeridad para establecer quiénes están detrás de la ofensiva, cómo se ejecutó y si efectivamente hubo una infracción a las normas que Colombia está obligada a respetar. El mensaje de fondo es claro: cuando un radar es atacado con drones, no solo se afecta una pieza tecnológica; también se compromete la capacidad del Estado para vigilar el espacio aéreo y responder a riesgos de seguridad.
El episodio en Candelaria se suma a una tendencia preocupante en Colombia: la sofisticación de los ataques de grupos armados y la expansión de métodos que buscan desbordar la respuesta institucional con herramientas cada vez más accesibles y difíciles de neutralizar. El uso de drones, en particular, ha cambiado el paisaje de seguridad porque reduce el costo de atacar, amplía el alcance de quienes operan fuera de la legalidad y obliga a las autoridades a replantear la protección de instalaciones estratégicas. Por eso la advertencia de la Defensoría va más allá de un pronunciamiento jurídico; es también una alerta sobre la fragilidad de la infraestructura civil en territorios donde la presencia estatal sigue siendo disputada.
Lo que ocurra después de esta denuncia será determinante. Si la investigación avanza y establece responsabilidades, el caso podría sentar un precedente sobre la gravedad con la que deben leerse estos ataques en el país. Pero si el hecho queda reducido a una noticia más dentro de la larga lista de agresiones contra bienes públicos, el mensaje para las comunidades será demoledor: que ni siquiera la infraestructura aérea y de comunicaciones está a salvo en zonas donde el conflicto sigue adaptándose y encontrando nuevas formas de presión.
