Defensoría respalda fallos de la JEP y exige cumplir de una vez el Acuerdo de Paz
Imagen: infobae colombia
La Defensoría del Pueblo respaldó las primeras sentencias de la JEP por secuestros y ejecuciones extrajudiciales, y pidió que el Acuerdo de Paz se cumpla sin más dilaciones. El pronunciamiento pone en el centro a las víctimas y la urgencia de pasar de la justicia simbólica a la reparación real.
La Defensoría del Pueblo salió a respaldar las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz contra responsables de secuestros y ejecuciones extrajudiciales, un pronunciamiento que no solo valida el trabajo de ese tribunal transicional sino que también vuelve a poner sobre la mesa una exigencia de fondo: el Acuerdo de Paz no puede seguir quedando a medias. El mensaje del organismo es claro en un país donde la implementación ha avanzado con tropiezos: sin cumplimiento integral, la reconciliación se convierte en una promesa vacía y la justicia para las víctimas se sigue demorando.
Según informó Infobae Colombia, la Defensoría resaltó que estas decisiones judiciales representan un paso relevante en el reconocimiento de la verdad y en la búsqueda de reparación para quienes padecieron crímenes que marcaron por años el conflicto armado colombiano. En particular, el organismo puso énfasis en la participación de las víctimas dentro de las sanciones restaurativas, un elemento que diferencia a la JEP de la justicia penal tradicional y que busca no solo castigar, sino también restaurar, reconstruir tejido social y devolver centralidad a quienes soportaron el peso de la guerra. Ese énfasis no es menor: en Colombia, donde tantas decisiones judiciales se han leído desde la óptica de los victimarios, la presencia de las víctimas en el diseño de las sanciones es una señal política y ética de primer orden.
Este respaldo llega en un momento delicado para la implementación del Acuerdo de Paz, que sigue enfrentando cuestionamientos por el rezago en varios de sus puntos más sensibles: reincorporación, seguridad territorial, reforma rural y garantías para no repetición. Que la Defensoría insista en la necesidad de cumplir lo pactado es también una advertencia institucional sobre el costo de la indiferencia estatal. Si las sanciones de la JEP se quedan en el papel o si el Estado no acompaña con acciones concretas a las comunidades afectadas, la justicia transicional corre el riesgo de perder legitimidad ante la ciudadanía. Y eso sería especialmente grave para las víctimas, que han esperado años no solo por verdad y reconocimiento, sino por resultados tangibles en sus territorios.
En el fondo, lo que está en juego va mucho más allá de estas primeras sentencias. La discusión revela si Colombia está dispuesta a sostener un modelo de justicia que priorice verdad, reparación y no repetición, o si volverá a caer en la costumbre de dejar que los compromisos de paz envejezcan sin convertirse en política pública real. Para la gente común, especialmente en regiones golpeadas por el conflicto, esto significa seguridad, presencia del Estado y la posibilidad de que la paz deje de ser un discurso de élites para convertirse en una experiencia verificable en la vida diaria.
