EPM alerta que Afinia no soporta más iliquidez y exige solución al Gobierno
Imagen: El Tiempo (Colombia)
EPM lanzó una alerta crítica sobre Afinia: la filial en la Costa Caribe sigue ahogada por la falta de liquidez y pierde 43 pesos por cada 100 que factura. La empresa pidió al Gobierno una solución estructural y definitiva para evitar un deterioro mayor del servicio.
EPM volvió a encender las alarmas sobre la situación financiera de Afinia y advirtió que la filial encargada de operar el servicio de energía en la Costa Caribe ya no soporta más iliquidez. El mensaje es contundente: la compañía está perdiendo 43 pesos por cada 100 que factura, una señal de deterioro que, según la empresa, ya no puede resolverse con medidas temporales ni con parches de corto plazo.
De acuerdo con la información divulgada por El Tiempo (Colombia), EPM le pidió al Gobierno una salida estructural definitiva para enfrentar una crisis que lleva meses acumulándose y que compromete la estabilidad operativa de Afinia. El problema no es menor: cuando una empresa distribuidora entra en una espiral de caja negativa, se reducen los recursos para inversión, mantenimiento, atención al usuario y mejora de redes, justo en una región donde el servicio eléctrico ha sido históricamente frágil.
El caso de Afinia expone un dilema más amplio para el sector energético colombiano: cómo sostener la prestación del servicio en zonas con altos niveles de mora, pérdidas técnicas y no técnicas, y una cadena de pagos tensionada por subsidios, giros pendientes y presión política. La advertencia de EPM no solo refleja una dificultad empresarial, sino también el riesgo de que el problema termine trasladándose a los hogares, a la calidad del suministro y a la confianza en la regulación del sistema. Si no aparece una solución de fondo, la cuenta final puede pagarse con más deterioro del servicio y más incertidumbre para millones de usuarios.
Por ahora, el ultimátum de EPM al Gobierno deja claro que la crisis de Afinia ha llegado a un punto límite. La discusión ya no pasa únicamente por cubrir huecos de caja, sino por definir si el Estado y el sector eléctrico están dispuestos a construir una salida sostenible para una operación que, en su estado actual, sigue perdiendo dinero a un ritmo difícil de absorber.
