Delcy Rodríguez admite abusos con la ley contra el odio y abre la puerta a reformarla
Imagen: clarin colombia
Delcy Rodríguez admitió que la ley contra el odio fue usada de forma abusiva en Venezuela y pidió al Parlamento reformarla. El giro llega en medio del diálogo con la oposición que impulsa Estados Unidos y revive las alertas sobre persecución política.
La admisión de Delcy Rodríguez marca un giro poco habitual en el discurso oficial venezolano: la vicepresidenta reconoció que la llamada ley contra el odio fue utilizada de manera abusiva y pidió al Parlamento revisar su alcance. El señalamiento no es menor, porque esa norma ha servido durante años como herramienta para justificar detenciones, castigos y presión contra voces críticas del gobierno de Nicolás Maduro. En los hechos, el reconocimiento equivale a aceptar que una legislación presentada como mecanismo de convivencia terminó funcionando como instrumento de control político.
Según informó Clarín Colombia, Rodríguez hizo el anuncio en el contexto del diálogo con la oposición que auspicia Estados Unidos, una negociación que vuelve a colocar sobre la mesa los límites de la apertura política en Venezuela. La ley, promovida en su momento por la propia dirigencia chavista, fue aplicada contra activistas, periodistas, dirigentes opositores y ciudadanos señalados por expresar rechazo al régimen. En un país donde la línea entre justicia y persecución suele ser cada vez más difusa, la revisión de esa norma abre interrogantes inevitables: ¿se trata de una corrección de fondo o de un ajuste táctico para mejorar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional?
El trasfondo importa porque esta ley no operó en abstracto. Su aplicación coincidió con una década de cierre institucional, criminalización del disenso y uso expansivo del aparato judicial y policial contra cualquier forma de crítica. Que ahora una de las principales figuras del chavismo admita excesos no borra el historial de cientos de arrestos y sanciones simbólicas o penales que, en la práctica, enviaron un mensaje claro: disentir podía costar la libertad. Para la oposición y para organismos de derechos humanos, cualquier reforma tendrá valor solo si viene acompañada de garantías reales, liberación de presos políticos y freno a la persecución. Sin eso, la reforma sería apenas maquillaje jurídico.
En términos políticos, el anuncio también revela la presión acumulada sobre el gobierno venezolano en medio de su búsqueda de oxígeno externo. Washington ha condicionado parte de su margen de maniobra a señales verificables de apertura democrática, y el chavismo parece dispuesto a mover piezas para no quedar aislado. Pero el problema de fondo sigue intacto: mientras la ley contra el odio haya servido como sostén legal de la intimidación estatal, cualquier cambio normativo deberá medirse no por su redacción, sino por lo que ocurra en las calles, en los tribunales y en las cárceles de Venezuela.
