Demanda ante el Consejo de Estado amenaza la lista al Senado del Pacto Histórico para 2026-2030
Imagen: infobae
Una demanda ante el Consejo de Estado puso en la mira la lista de senadores del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030. El reclamo pide revisar el orden de los candidatos, la alternancia de género y la curul de Carolina Corcho, con posible efecto sobre credenciales ya expedidas.
La lista de senadores del Pacto Histórico para el periodo 2026-2030 entró en disputa judicial luego de que fuera demandada ante el Consejo de Estado. El golpe no es menor: la acción cuestiona la forma en que fue conformada la inscripción de la colectividad y pone sobre la mesa posibles irregularidades en el orden de los aspirantes, la alternancia de género y la asignación de la curul de Carolina Corcho, uno de los nombres más visibles del sector alternativo en Colombia.
De acuerdo con lo informado por infobae, la demanda no se limita a una observación formal. Pide que el alto tribunal revise de fondo la legalidad de la lista y, si encuentra motivos para declarar la nulidad, que se cancelen las credenciales de los senadores que lleguen a posesionarse bajo esa inscripción. En otras palabras, el pleito no solo discute si la lista cumplió o no con las reglas internas y electorales, sino también si una eventual decisión judicial podría alterar la composición misma del Congreso que entrará a legislar entre 2026 y 2030.
El caso es relevante porque toca uno de los puntos más sensibles de la política colombiana: la ingeniería de las listas y el cumplimiento de las reglas de participación paritaria. La alternancia de género no es un detalle burocrático; es un mecanismo diseñado para evitar que los partidos reproduzcan, en sus candidaturas, las mismas exclusiones que dicen combatir. Si el Consejo de Estado determina que hubo fallas en ese proceso, el impacto puede ir mucho más allá de un solo partido: enviaría una señal sobre el nivel de exigencia que tendrán las autoridades frente a las listas cerradas y a la manera en que las colectividades ordenan a sus aspirantes para asegurar cupos.
También está el componente político. El Pacto Histórico, que ha hecho de la representación de sectores históricamente marginados una de sus banderas, queda expuesto a un escrutinio especialmente incómodo cuando se cuestiona precisamente el cumplimiento de las reglas de inclusión. Y si la demanda prospera, el costo no será solo jurídico: podría desatar una reconfiguración de nombres, tensiones internas por quién queda dentro y quién fuera de la bancada, y una nueva discusión sobre la credibilidad del bloque de gobierno de cara a la siguiente legislatura. Para la ciudadanía, el mensaje es claro: en Colombia, las disputas por la lista electoral ya no se juegan solo en las urnas, sino también en los tribunales, donde puede definirse quién termina representando a millones de votantes.
