Denuncian contratación de asesora jurídica en el Ejército sin acreditar requisitos

Imagen: infobae colombia
La contratación de una asesora jurídica en el Ejército quedó bajo la lupa tras una denuncia que cuestiona si ingresó sin acreditar su formación profesional. Un sargento retirado pidió a los órganos de control revisar documentos porque el caso, según dijo, comprometería la transparencia institucional y el debido proceso militar.
Una nueva denuncia sacude al Ejército colombiano por la presunta contratación de una asesora jurídica que habría llegado a la institución sin acreditar debidamente su formación profesional. El señalamiento fue hecho por el sargento retirado Alexander Chala, quien pidió la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que revisen la documentación que soportó su vinculación y establezcan si hubo irregularidades en el proceso.
De acuerdo con la información divulgada por Infobae Colombia, Chala solicitó que se verifique si los soportes académicos y profesionales presentados cumplen con los requisitos exigidos para un cargo de ese nivel dentro de la estructura militar. Su advertencia no se limita a una duda administrativa: sostiene que una eventual vinculación irregular comprometería la transparencia institucional y podría impactar el debido proceso de los uniformados, un punto sensible en una fuerza donde las decisiones jurídicas tienen efectos directos sobre sanciones, investigaciones y carrera militar.
El caso importa porque, en el sector público colombiano, la idoneidad de quienes asesoran jurídica y disciplinariamente a una entidad no es un asunto menor ni técnico. Si se confirma que una persona fue contratada sin acreditar lo necesario, el problema no solo sería contractual o disciplinario: también abriría preguntas sobre controles internos, responsabilidad de los funcionarios que avalaron el nombramiento y posibles consecuencias sobre actuaciones previas firmadas o tramitadas por esa asesora. En un contexto donde las instituciones armadas están bajo escrutinio por su manejo administrativo, cualquier fisura en los filtros de contratación termina erosionando confianza pública.
Por ahora, la denuncia pone la presión sobre los órganos de control, que deberán determinar si hubo o no irregularidades en la vinculación y si existieron omisiones en la verificación de la hoja de vida. Más allá de este caso puntual, el episodio vuelve a mostrar un problema recurrente en el Estado colombiano: la fragilidad de los mecanismos de selección y validación de perfiles en cargos sensibles, donde una contratación cuestionada puede derivar en un daño mayor para la credibilidad institucional.




