Denuncian presunto desvío de indemnización de víctima del terremoto por una funeraria
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Un caso de presunta apropiación de una indemnización por parte de una funeraria reaviva las alertas sobre abusos contra familias de víctimas del terremoto. La denuncia expone vacíos de información y la urgencia de acudir a canales oficiales para evitar nuevas estafas.
Una denuncia por la presunta retención de una millonaria indemnización destinada a un hombre que perdió a su familia en el terremoto volvió a poner sobre la mesa un problema viejo y doloroso: el riesgo de que el duelo termine convertido en negocio. El caso, revelado por El Tiempo (Colombia), apunta a una funeraria que habría intervenido en los trámites de cobro y se habría quedado con una suma considerable, en lo que los afectados describen como una trampa en medio de la vulnerabilidad.
Según informó El Tiempo (Colombia), el reconocido periodista Ronny Suárez hizo un llamado directo a los familiares de las víctimas para que verifiquen cualquier gestión en los canales oficiales antes de avanzar con documentos, reclamaciones o desembolsos. Ese mensaje no es menor: en escenarios de emergencia, tragedia o reparación económica, el desorden administrativo suele abrir la puerta a intermediarios, cobros indebidos y falsas asesorías que terminan golpeando a quienes ya cargan con una pérdida irreparable.
Lo que está en juego aquí no es solo una disputa por dinero, sino la confianza pública en los mecanismos de indemnización y en las instituciones que deben proteger a los deudos. Cuando una familia afectada por una catástrofe tiene que defenderse además de posibles abusos de terceros, el sistema falla en su punto más básico: garantizar que la reparación llegue completa y sin atajos. Casos como este también muestran por qué la educación jurídica y financiera de las víctimas es crucial, especialmente en contextos donde la necesidad, el dolor y la desinformación pueden ser aprovechados por actores sin escrúpulos.
La advertencia de Suárez llega en un momento en que muchas familias siguen intentando cerrar trámites, reclamar recursos pendientes o esclarecer si fueron víctimas de malos procedimientos. Por eso, más allá de la denuncia puntual, el episodio deja una lección incómoda: en Colombia, y en cualquier país donde las tragedias masivas dejan secuelas económicas, la reparación no solo depende de que exista una indemnización, sino de que haya controles reales para que nadie convierta el sufrimiento ajeno en una fuente de lucro.
