Santa Marta: la desalinizadora de $786.000 millones entra en revisión en plena crisis de agua
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La promesa de una gran solución hídrica para Santa Marta quedó en suspenso: el nuevo Gobierno puso bajo revisión la desalinizadora de $786.000 millones. La decisión llega cuando la ciudad vuelve a sufrir una crisis por falta de agua y crece la presión por respuestas inmediatas.
La desalinizadora de Santa Marta, una obra presupuestada en 786.000 millones de pesos y presentada como una de las respuestas más ambiciosas a la escasez de agua en la ciudad, quedó ahora bajo la lupa del nuevo Gobierno. La revisión oficial del proyecto no solo frena las expectativas sobre una solución estructural, sino que revive una pregunta incómoda para una capital turística que lleva años conviviendo con racionamientos, tuberías al límite y promesas que no terminan de traducirse en agua que llegue a los hogares.
Según informó El Tiempo (Colombia), la administración entrante decidió examinar el alcance, la viabilidad y el estado del proyecto, en un momento en el que Santa Marta enfrenta una nueva crisis de abastecimiento. El punto es delicado: una inversión de esta magnitud suele presentarse como la gran obra que resolverá un problema histórico, pero cuando entra en revisión también deja al descubierto dudas sobre planeación, prioridades, ejecución y tiempos. En una ciudad donde barrios completos dependen de carrotanques o de horarios de suministro inciertos, cada demora tiene un costo social directo.
El trasfondo es más profundo que una sola infraestructura. Santa Marta arrastra desde hace años un déficit hídrico marcado por el crecimiento urbano, la presión del turismo, la degradación de fuentes y la fragilidad de su sistema de acueducto. En ese escenario, una planta desalinizadora aparece como una apuesta estratégica, pero también cara, compleja y de largo aliento. Por eso la revisión del Gobierno importa: no se trata únicamente de si la obra sigue o no, sino de si fue concebida con la urgencia técnica y fiscal que exige una ciudad al borde de otra crisis. Si el proyecto queda enredado en trámites, auditorías o redefiniciones, la población seguirá pagando el precio de una infraestructura que tarda más de lo que la necesidad permite.
Lo que está en juego, al final, no es solo la continuidad de una obra pública sino la credibilidad de la respuesta estatal frente a un problema que golpea la vida cotidiana. En Santa Marta, el agua no es una promesa de campaña ni un indicador técnico: es la diferencia entre normalidad y emergencia. Y mientras el Gobierno revisa, la ciudad sigue esperando una solución que llegue antes de que la próxima crisis vuelva a dejarla, una vez más, con los grifos vacíos.
