Granada: desmontan una plantación de marihuana en un hotel abandonado con fraude eléctrico masivo

La Policía Nacional desmanteló en Granada un centro de producción de marihuana montado dentro de un hotel abandonado y conectado de forma fraudulenta a la red eléctrica, una operación que terminó con la detención de un hombre de 30 años y con la incautación de más droga, dinero en efectivo y un arma de aire comprimido en su vivienda. El caso revela hasta qué punto algunas estructuras en desuso se están convirtiendo en infraestructuras útiles para el narcotráfico: espacios cerrados, difíciles de vigilar y con capacidad para albergar cultivos, secaderos y almacenes bajo un mismo techo.

Según informó la propia Policía Nacional, el detenido contaba con numerosos antecedentes y quedó a disposición judicial por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Durante el registro de su domicilio, los agentes hallaron más estupefacientes y casi 4.000 euros en efectivo, además de la pistola de aire comprimido. La investigación, bautizada como operación Pool, permitió reconstruir un montaje que aprovechaba habitaciones distintas para fases diferentes del proceso: unas para el cultivo, otras para el secado y otras como zonas de deshidratación y depósito. El complejo, ubicado en un municipio del área metropolitana de Granada, había sido transformado por completo para sostener una producción continua.

El dato más llamativo no es solo el cultivo en sí, sino el coste energético de la actividad ilegal. Técnicos de Endesa calcularon que la instalación consumía tanta electricidad como 63 viviendas funcionando al máximo las 24 horas del día, una cifra que la Policía considera la mayor defraudación eléctrica detectada en una sola plantación. Ese nivel de consumo ilustra la escala industrial que puede alcanzar este tipo de operaciones y también explica por qué el fraude eléctrico se ha convertido en una de las señales más claras del negocio del cannabis ilegal en España. Para el entorno cercano, el impacto no es menor: sobrecarga de la red, riesgo de incendios, deterioro de inmuebles abandonados y un negocio que se alimenta de infraestructura pública robada.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el narcotráfico ya no depende solo de grandes escondites rurales o pisos discretos en barrios residenciales, sino también de edificios vacíos que permanecen años a la espera de uso o rehabilitación. En una economía donde el abandono urbano deja grietas, el crimen organizado encuentra oportunidades. Y mientras la droga sigue generando ingresos para sus operadores, el coste social recae en el sistema eléctrico, en la seguridad vecinal y en unos cuerpos policiales obligados a perseguir redes cada vez más adaptables.