Incendios en Tolima agravan la crisis y el gobierno sospecha de sabotaje armado
Imagen: clarin colombia
Tolima enfrenta una ola de incendios que ya arrasa miles de hectáreas y eleva las sospechas de sabotaje en zonas marcadas por la presencia de grupos armados. Tras el terremoto, el gobierno habla de “manos criminales” y promete una respuesta contundente.
La emergencia que dejó el terremoto en varias zonas del país encontró ahora un nuevo frente de crisis: incendios forestales de gran magnitud están arrasando miles de hectáreas en Tolima, la región más golpeada por las llamas, mientras las autoridades apuntan a un origen intencional y el gobierno habla abiertamente de “manos criminales”. El caso no solo agrava la presión sobre los organismos de socorro, sino que vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del control territorial en áreas donde el Estado llega tarde o llega a medias.
De acuerdo con la información reportada por clarín colombia, varios focos de fuego aparecieron en zonas donde operan disidencias de las FARC y donde en días recientes ya se habían registrado ataques con explosivos y drones. Ese patrón encendió las alarmas de las autoridades locales, que sostienen que no se trata de un episodio aislado ni de un incendio provocado por el clima o la negligencia. El presidente Abelardo De la Espriella, por su parte, pidió responder “con toda la contundencia del Estado”, una frase que en la práctica anticipa un endurecimiento de la respuesta institucional en medio de una tensión que mezcla desastre natural, conflicto armado y sospechas de sabotaje.
Lo que ocurre en Tolima importa más allá de sus límites porque revela una dinámica ya conocida en Colombia: cuando el Estado no asegura presencia permanente en ciertos corredores rurales, la violencia encuentra espacio para mutar. Hoy puede ser un ataque con explosivos o drones; mañana, un incendio presuntamente provocado para desestabilizar, desplazar comunidades o castigar economías locales. En un país que ya carga con el costo humano y ambiental del conflicto, cada hectárea perdida significa menos agua, menos cultivo, más riesgo para poblaciones campesinas y una factura más alta para un gobierno que debe responder al mismo tiempo a una emergencia climática y a una amenaza de seguridad. Si se confirma el origen intencional de los incendios, el debate no será solo penal: también será político, porque la pregunta de fondo es quién controla realmente el territorio y con qué capacidad el Estado puede impedir que la violencia siga usando la naturaleza como escenario de guerra.
La combinación de desastre, sospecha de sabotaje y presencia armada convierte esta crisis en algo más serio que un incendio forestal. Tolima hoy es el retrato de un país donde las emergencias no llegan solas, y donde cada llamas que avanza sobre el monte expone, otra vez, la debilidad de una institucionalidad obligada a apagar el fuego literal y el fuego político al mismo tiempo.
