Bolivia sacude su Fiscalía con imputaciones por una presunta red ligada al narco
Imagen: El País
Bolivia abrió una crisis institucional de alto voltaje al imputar a su fiscal general, Roger Mariaca, y a otros nueve funcionarios del Ministerio Público por presunta protección a una red de narcotráfico. El caso golpea el corazón del sistema judicial y reaviva las dudas sobre la captura del Estado por el crimen organizado.
La Fiscalía y el Gobierno de Bolivia han puesto bajo sospecha a una de las figuras más sensibles del aparato judicial: el fiscal general Roger Mariaca. Según la información difundida por El País, Mariaca y otros nueve funcionarios del Ministerio Público fueron imputados por presuntamente integrar una “narcoestructura” que habría operado para proteger a líderes del crimen organizado. El caso no solo compromete a una autoridad clave en la persecución penal, sino que abre una herida política e institucional en un país donde la relación entre poder, justicia y narcotráfico suele aparecer en los peores momentos de crisis.
De acuerdo con la versión oficial recogida por el diario español, el Gobierno boliviano sostiene que esta red interna habría funcionado como un escudo para favorecer a jefes criminales y entorpecer investigaciones. La imputación contra Mariaca y otros nueve miembros del Ministerio Público sugiere que el problema no sería un episodio aislado, sino una estructura con capacidad de influir desde dentro del sistema de justicia. Si esa hipótesis se confirma, el golpe sería doble: por un lado, la aparente infiltración del narcotráfico en instituciones encargadas de combatirlo; por el otro, la erosión de la confianza pública en una Fiscalía ya debilitada por años de cuestionamientos políticos y judiciales.
El trasfondo importa más allá del expediente penal. Bolivia arrastra desde hace tiempo una tensión no resuelta entre las redes del narcotráfico, el control territorial de economías ilegales y la debilidad institucional para investigarlas sin interferencias. En países donde las organizaciones criminales logran capturar funcionarios, el problema deja de ser solo policial y se vuelve estructural: afecta elecciones, seguridad ciudadana, inversión y la vida cotidiana de comunidades enteras. Para la gente común, esto se traduce en menos confianza para denunciar, más impunidad y una sensación de que las instituciones no responden a quienes deben protegerlas. Si el caso avanza y la evidencia es sólida, Bolivia podría enfrentar una depuración institucional inevitable; si se usa como arma política, el riesgo será todavía mayor: convertir una acusación gravísima en un nuevo episodio de guerra entre élites, con el narcotráfico beneficiado en silencio.
Lo que viene ahora será decisivo. La pregunta no es solo si Mariaca y los demás imputados serán procesados, sino si el Estado boliviano está dispuesto a ir hasta el fondo, incluso si eso implica revelar redes más amplias dentro de la justicia, la policía o la política. En América Latina, la historia demuestra que cuando se toca a la cúspide de la Fiscalía, no solo se investiga un delito: se mide la capacidad real de un país para defender su democracia de la captura criminal.
