Polémica por retiro de piezas del M-19 reabre debate sobre memoria histórica
Imagen: infobae colombia
El director del Centro Nacional de Memoria Histórica, D’mar Córdoba, defendió el retiro de piezas sobre el M-19 y desató una nueva polémica sobre cómo el Estado recuerda a esa antigua guerrilla. Su crítica a Carlos Pizarro y el recuerdo del secuestro de José Raquel Mercado reabren el debate sobre memoria, víctimas y símbolos oficiales.
La decisión de retirar piezas vinculadas al M-19 en un espacio de memoria volvió a encender una discusión de fondo en Colombia: quién merece ser recordado por el Estado y bajo qué narrativa. D’mar Córdoba, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, salió a defender la medida y cuestionó con dureza las referencias estatales a Carlos Pizarro, al insistir en que la historia de esa guerrilla no puede separarse de hechos como el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado y la toma del Palacio de Justicia en 1985.
De acuerdo con la información divulgada por Infobae Colombia, Córdoba sostuvo que no resulta aceptable elevar a la categoría de referente institucional a una figura asociada a una organización armada responsable de crímenes que marcaron la historia reciente del país. Su posición apunta directamente al debate sobre las piezas retiradas, pero en el fondo va mucho más allá: pone sobre la mesa la tensión entre memoria histórica, reconocimiento político y el lugar que el Estado le otorga a exintegrantes de la antigua insurgencia en actos, museos y discursos oficiales.
El trasfondo no es menor. El M-19 sigue ocupando un lugar ambiguo en la memoria pública colombiana: para algunos sectores es una organización que terminó desmovilizándose y participando luego en la vida democrática; para las víctimas, en cambio, no se puede borrar que dejó episodios traumáticos que todavía pesan en la memoria nacional. La mención de Córdoba al Palacio de Justicia no es casual. Ese episodio, ocurrido hace casi cuatro décadas, continúa siendo una herida abierta por la magnitud de la tragedia, el número de muertos y desaparecidos, y las preguntas no resueltas sobre responsabilidades y manejo estatal durante la retoma.
La controversia revela un problema más amplio: Colombia sigue sin cerrar el debate sobre cómo narrar su conflicto armado sin diluir responsabilidades ni convertir en símbolos de reconciliación a quienes fueron protagonistas de hechos violentos. La discusión no solo toca a académicos y funcionarios; también afecta a víctimas, familiares y a una sociedad que todavía pelea por una memoria común. Lo que está en juego no es únicamente una pieza retirada, sino el mensaje que envía el Estado cuando decide a quién honra, a quién omite y cómo reconstruye su propio pasado.
