Gobierno insiste en cerrar la ZUT de Putumayo pese a fallo judicial
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno insistió en cerrar en dos meses la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo, aunque un fallo judicial ordenó suspender el desmonte por seis meses. El comisionado de paz (e), Carlos Andrés Ríos, dijo ante el Congreso que no hay presupuesto para prolongarla.
El Gobierno volvió a ponerle fecha de cierre a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Putumayo: dos meses, pese a que un fallo judicial ordenó suspender el desmonte durante seis meses. La advertencia la hizo el comisionado de paz encargado, Carlos Andrés Ríos, durante una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso, donde además dejó claro que, según la posición oficial, no existen recursos para extender el espacio más allá de ese plazo.
La declaración de Ríos confirma la tensión entre la decisión judicial y la postura del Ejecutivo frente a uno de los escenarios más sensibles del posconflicto en el sur del país. La ZUT de Putumayo fue concebida como un espacio temporal dentro de la política de paz, pero su eventual cierre ya generó fricciones con sectores que consideran que desmantelarla sin una transición suficiente puede afectar la seguridad de las comunidades y el cumplimiento de compromisos asumidos en el territorio. El argumento central del funcionario fue directo: el Gobierno no cuenta con presupuesto para sostener la zona por los seis meses que exige la suspensión ordenada por el fallo.
Más allá del choque puntual entre una orden judicial y la decisión administrativa, el episodio expone una constante en la implementación de la paz en Colombia: la distancia entre las promesas políticas y la capacidad real del Estado para financiarlas. En territorios como Putumayo, donde confluyen economías ilegales, presencia armada y comunidades con altas expectativas de protección, cualquier decisión sobre el retiro del Estado o la reducción de mecanismos de acompañamiento tiene efectos inmediatos. Por eso el anuncio no solo es una discusión jurídica o fiscal; también es una señal sobre hasta dónde está dispuesto a sostener el Gobierno su presencia institucional en zonas críticas.
El pulso ahora queda en manos de las autoridades que deben resolver qué pesa más: la limitación presupuestal que invoca el Ejecutivo o la orden judicial que busca frenar un desmonte prematuro. En medio de esa disputa, lo que está en juego no es solo la continuidad de una ZUT, sino la confianza de una región entera en que las decisiones de paz no cambian al ritmo de las restricciones de caja.
