Director designado del Sena pide revisar contratos por más de $60.000 millones
Imagen: infobae colombia
El director designado del Sena, Ricardo Torres Castro, pidió a la Contraloría revisar una serie de contratos por más de $60.000 millones publicados en los últimos días del gobierno Petro. La advertencia apunta a posibles compromisos que podría heredar la próxima administración y a riesgos sobre la operación de la entidad.
La alerta que lanzó Ricardo Torres Castro, director designado del Sena, abre un nuevo frente de vigilancia sobre el uso de recursos públicos en el tramo final del gobierno de Gustavo Petro. Según informó infobae colombia, el funcionario pidió la intervención de la Contraloría para revisar varios procesos de contratación publicados en Secop II por más de $60.000 millones, al considerar que podrían dejar amarrado parte del presupuesto de la próxima administración y comprometer el funcionamiento de la entidad.
La preocupación no es menor. En Colombia, las contrataciones firmadas o avanzadas en los últimos días de un gobierno suelen quedar bajo escrutinio porque pueden condicionar la capacidad de maniobra de quienes llegan después. En este caso, la advertencia gira alrededor de procesos que, por su tamaño y momento de publicación, podrían traducirse en obligaciones financieras de largo alcance para el Sena. Fuentes citadas por infobae colombia señalan que la solicitud busca que el organismo de control examine si hubo riesgos en la programación, oportunidad o alcance de esas adjudicaciones, especialmente por el impacto que tendrían sobre la operación institucional.
El Sena no es una entidad cualquiera. Maneja una de las redes de formación técnica y tecnológica más grandes del país y su presupuesto tiene incidencia directa en empleo, capacitación y movilidad social para millones de colombianos. Por eso, cualquier decisión contractual que afecte su caja o su ejecución futura tiene consecuencias que van más allá de una disputa administrativa: puede tocar la oferta de programas, la modernización de sedes, la contratación de servicios y la continuidad de proyectos en regiones donde el Estado llega justamente a través de esta institución. En ese contexto, la solicitud de Torres Castro también funciona como una señal política: la nueva administración quiere llegar con margen para revisar lo que recibe y, si encuentra irregularidades, dejar trazada la ruta de control.
El episodio refleja un problema recurrente en la transición del poder en Colombia: la tensión entre la continuidad administrativa y el cierre acelerado de contratos al final de un mandato. Ese tipo de movimientos suele encender alarmas porque, aunque no implican por sí solos una irregularidad, sí pueden generar dudas sobre prioridades, tiempos y capacidad real de la siguiente gestión para reorientar recursos. En términos prácticos, lo que está en juego no es solo un expediente ante la Contraloría, sino la pregunta de fondo sobre quién termina pagando la cuenta cuando una administración deja compromisos avanzados sin suficiente margen de revisión. Para una entidad como el Sena, cualquier sombra sobre la contratación pesa doble: por su tamaño, y porque su razón de ser es precisamente formar talento y abrir oportunidades, no quedar atrapada en disputas por recursos ya comprometidos.
